Las habituales ocupaciones de espacios públicos para pernoctar, como también por la expansión del comercio ambulante, surge hoy como un inconveniente que enfrentan habitantes de distintos sectores de la ciudad, como parte de una práctica que se ha extendido tras la pandemia.

Un panorama que se advierte en personas en situación de calle instaladas en precarias ocupaciones irregulares ("rucos"). También en paseos peatonales, en fachadas de inmuebles públicos y también de recintos privados. Una práctica que vecinos de sectores afectados cuestionan por la inseguridad asociada a la habilitación de estas instalaciones.

En medio de este panorama las autoridades han desplegado una serie de operativos para erradicar espacios públicos "tomados" con distintos fines. Desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Antofagasta detallaron un balance sobre las intervenciones en el sector del borde costero y centro cívico desde enero a marzo de este año. Durante este período se han activado 80 operativos, de los cuales el 67,5% los ha encabezado la Unidad Territorial de la DPR. La basura retirada de estos lugares asciende a 1.012 toneladas (desechos, escombros, material voluminoso). Además se han intervenido 747 ocupaciones irregulares (rucos), con un saldo de 54 detenidos.

Estos operativos se suman a otra serie de procedimientos del mismo tipo, como los programados a inicios de mes en distintos sectores de la ciudad. En una de esas jornadas en el sector centro sur de la ciudad se desalojó 16 rucos, además del retiro de especies abandonadas en la vía pública. En esa labor se recogieron unos 35 mil kilos de basura y desechos de alto volumen.

"Estamos trabajando e interviniendo directamente en los territorios en coordinación con las policías, los municipios y otras autoridades de gobierno para recuperar los espacios públicos y con ello, desarticular focos de delincuencia, microtráfico, desórdenes públicos e incivilidades que provocan inseguridad e intranquilidad en la población", dijo la delegada presidencial regional, Karen Behrens, al comentar los operativos y desalojos desplegados desde enero a la fecha.

"Tenemos una tarea enorme, dada la gran cantidad de ocupaciones irregulares que hay en la ciudad, tanto en el borde costero como en los barrios y el borde cerro, pero contamos con tremendos equipos de trabajo que poco a poco y con una labor diaria y esforzada, han ido recuperando algunos espacios públicos. Entendemos que todavía persisten problemáticas y por ello es que atendemos las denuncias que diariamente nos hace llegar la comunidad, pues no dejaremos de lado nuestra misión", agregó.

Perfil de ocupaciones irregulares

Desde la DPR comentan que la mayor parte de la gente que vive en situación de calle corresponde a nacionales, quienes presentan consumo problemático de drogas y alcohol o trastornos sicológicos y siquiátricos. Gran parte de ellos sin tratamiento. Mientras que por lo general, los extranjeros fiscalizados en situación de calle se encuentran de paso o buscan salir de la calle, como ocurre con los grupos familiares.

"Las personas en situación de calle son -muchas veces- acumuladores compulsivos, de ahí la gran cantidad de desechos que normalmente se retiran. Por lo general, los desalojos son pacíficos, pero tanto funcionarios de la DPR, como Carabineros, Armada y personal municipal, enfrentan en ocasiones amenazas e insultos. Las personas detenidas en estos operativos corresponden a órdenes vigentes, porte de armas o microtráfico (…) La mayor cantidad de personas desalojadas vuelve al mismo lugar para levantar 'rucos' nuevamente o bien migran a otros espacios. Hay presencia de perros y gatos la mayor parte de las veces, en deficiente estado de salud y además, la presencia de vectores como ratas, cucarachas y moscas, lo que en espacios públicos representa un riesgo para la salud de la población", precisan desde la DPR.

Desde esta entidad agregan que en algunos casos se trata de ocupaciones con fines comerciales como: vulcanizaciones, sitios destinados a reparaciones eléctricas, venta de pallets o chatarreras, instaladas de forma ilegal en espacios públicos. Mientras que en el borde costero se ha confirmado que algunas personas instalan la denominada "segunda vivienda"; pues si bien bien poseen un domicilio, este lo arriendan para vivir en la playa y abaratar sus costos de vida.

Labor pendiente

Yasna Morales, presidenta de la junta de vecinos N° 38 del sector Vivero Municipal, comenta que esta labor de fiscalización ha permitido erradicar personas en situación de calle que pernoctaban en el sector. "Acá había unos 12 rucos. Los sacaban y volvía, pero luego del último operativo no se han instalado nuevamente. Ahora ha habido más control. Aunque el problema que tenemos es con el Vivero Municipal. Hay unas seis personas en situación de calle viviendo dentro. Es complicado porque nos trae inseguridad y también por conductas delictuales", dice.

Mientras que Yessenia Fuentes, presidenta de la junta de vecinos Miramar Sureste, plantea que en su sector no enfrentan la inseguridad y problemas que acarrea la instalación de "rucos". Sin embargo, ocurre lo contrario con una ocupación irregular próxima a las viviendas del sector. "No tenemos 'rucos' en la población, pero sí 'tomas' de terrenos. Eso está ocurriendo en la obra aluvional de la Quebrada Baquedano. Está todo eso tomado. Están con casas de concreto".