Comunidad de Conchi Viejo alcanza inédito acuerdo con minera El Abra
INDUSTRIA. El primer programa de desarrollo proveedores debiese considerar unos 20 millones de dólares en recursos, estimaron los involucrados.
En un hito que marca un cambio significativo en las relaciones entre las comunidades locales y la industria minera, la comunidad atacameña de Conchi Viejo logró un acuerdo histórico con la compañía minera El Abra, propiedad de las empresas Freeport-McMoRan (FCX) y Codelco.
Conchi Viejo ha estado históricamente vinculada a la minería, especialmente a través de la explotación de la piedra turquesa, así como otras actividades ganaderas, de pastoreo y criadero de chinchillas. Sin embargo, los desafíos medioambientales y la falta de entendimiento con la industria minera han marcado una relación tumultuosa en los últimos años.
Sin embargo, el acuerdo parece ser el final de años de desencuentros debido a conflictos ambientales que han afectado las relaciones entre ambas partes.
Comunidad histórica
La comunidad de Conchi Viejo, arraigada milenariamente en Alto Río Loa, a 80 kilómetros de Calama, posee un territorio ancestral de ochenta mil hectáreas en la ribera poniente del río Loa. Su centro ceremonial, la Iglesia del Siglo XVIII, declarada monumento nacional, es el lugar donde cada 16 de Julio la comunidad se reúne para celebrar a la Virgen del Carmen y sus ceremonias ancestrales.
El acuerdo surge después de que la comunidad denunciara derrames de solución con ácido sulfúrico y la intervención en sitios patrimoniales, entre otros hechos, lo que llevó a acciones legales ante el Primer Tribunal Ambiental, presentación de recursos de protección y una querella penal. Estas acciones pusieron de manifiesto la determinación de la comunidad por defender su territorio y sus recursos naturales.
El acuerdo establece una relación de cooperación que busca superar los conflictos previos y contempla un programa de aportes por parte de la minera, así como un plan especial de desarrollo de proveedores de la comunidad para el abastecimiento de la empresa. Este último aspecto busca no solo garantizar condiciones de competitividad, sino también asegurar una participación relevante de la comunidad en los planes de compra de la compañía, de acuerdo a lo precisado por el presidente de la comunidad de Conchi Viejo, el ingeniero en Minas Iván Barriga Galleguillos, quien lideró las negociaciones con el respaldo de expertos legales y consultores especializados.
Este acuerdo, con una duración de seis años, podría sentar las bases para futuras discusiones sobre proyectos de gran envergadura, como el proyecto de expansión de El Abra, que incluye una planta concentradora, con una inversión superior a los cinco mil millones de dólares. Los consultados enfatizaron en la necesidad de de la protección ambiental, la compensación por posibles impactos y la participación equitativa en los beneficios, en línea con los principios del Convenio 169 de la OIT, destacó el abogado Daniel Guevara Cortés, líder de la defensa de la comunidad.
Nuevo trato
Este logro es especialmente relevante en un contexto donde los conflictos entre la industria minera y las comunidades locales han generado controversias y paralizaciones de proyectos en el país. El vínculo establecido entre El Abra y Conchi Viejo puede servir como ejemplo a nivel mundial, especialmente en temas cruciales como la preservación ambiental, el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y la participación activa de estas en el desarrollo de proyectos mineros, destacó el abogado.
Guevara destacó como un hito el futuro programa de formación de proveedores de Conchi Viejo, que será un replanteo a la situación de "rentismo social", donde las comunidades obtienen beneficios compensatorios por autorizar operaciones. En este caso, se pasará a un concepto de generación de valor compartido, y por eso será clave cómo se avanza hacia un modelo de mejores prácticas internacionales.
"La comunidad ve con especial interés el desarrollo de la Nación Navajo en Arizona, EE.UU., quienes ya supieron previamente resolver con éxito sus diferencias con la minería y en particular con Freeport-McMoRan, que también tiene su matriz en ese estado norteamericano", explicó.
El primer programa de desarrollo proveedores debiese considerar unos 20 millones de dólares en recursos, estimó Guevara.
Galleguillos enfatizó que este hito representa un cambio de paradigma en las relaciones entre la industria minera y las comunidades locales, apuntando hacia una colaboración mutuamente beneficiosa y respetuosa de los derechos y necesidades de todas las partes involucradas.
"Siempre hemos sido un pueblo dispuestos a la minería, pero hay que hacerlo con respeto. Yo Soy minero y soy indígena y sé que estos es muy importante, que necesitamos más minería, pero esto debe ocurrir con respeto a las comunidades".