Por la prensa se enteró la minera no metálica Quiborax S.A., de la demanda iniciada en su contra por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por supuestos daños ambientales "irreparables" en el Salar de Surire durante cuatro décadas de operación.

La compañía tiene operaciones en Antofagasta y la Región de Arica y Parinacota y es la tercera productora mundial de ácido bórico.

El asunto será resuelto por el Primer Tribunal Ambiental -con asiento en Antofagasta- con el recientemente designado abogado procurador fiscal del CDE, Alfredo Larreta, que está a cargo del proceso judicial, también radicado en la ciudad.

"Se está jugando con el futuro de una empresa a la que en toda su historia nunca se le ha formulado un cargo por infracciones regulatorio-ambientales, ni menos ha sido sancionado en dichas materias", acusa el abogado de la compañía, Daniel Ocqueteau.

Imputaciones

La tesis del CDE difundida en medios de la capital, establece entre líneas que durante 37 años la compañía ha operado en un nivel subestándar, no obstante, ello no se condice con el historial de supervisiones de servicios públicos como Sernageomin, Conaf, SAG, DGA y la Dirección del Trabajo, entre otros.

La compañía sostiene que desde su fundación en 1986, solo ha enfrentado un problema legal en 2008, cuando la secretaría ministerial regional de Agricultura de Arica y Parinacota, en colaboración con Conaf, inició un proceso judicial contra Quiborax, el cual fue rechazado por el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Arica en 2009. La sentencia, que condenó a Conaf en costas por no tener motivo plausible para litigar, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Arica en septiembre de ese mismo año. Tras ello, Conaf no recurrió ante la Corte Suprema, debido a la contundencia de los fallos de primera y segunda instancia.

En 1999, la empresa implementó un sistema de monitoreo ambiental y ecológico en colaboración con la Conaf, centrado en la conservación de especies como los flamencos. Quiborax participa activamente en el Plan de Conservación del Flamenco Altoandino, realizando censos y otras actividades de conservación del ecosistema del salar.

"Si el supuesto daño viene provocándose hace 37 años, ¿por qué en CDE no lo constató el año 2008 ni ningún otro servicio público sectorial durante décadas?", destacó Ocqueteau.

La empresa genera aproximadamente 800 empleos directos y más de 1,000 indirectos, beneficiando a más de 8 mil familias en la región de Arica y Parinacota. Quiborax representa entre el 7% y el 10% del PIB regional y es responsable del 17% de la carga nacional despachada por el Puerto de Arica. Las inversiones proyectadas para los años 2023-2024 ascienden a US$ 40 millones.

En Antofagasta tiene su planta de Boratos, donde se procesa la materia prima que se extrae en el Salar de Ascotán y en la cual se producen fertilizantes boratados que se exportan a diversos mercados mundiales.

"Por lo que el CDE ha filtrado a la prensa, éste ha solicitado una cautelar de paralización total de la faena. De decretarse, Quiborax no podría seguir operando e implicaría la pérdida de fuente de empleo directa e indirecta para más de 8 mil personas de la comunidad regional de Arica y Parinacota", reconoció Ocqueteau.

En 2020, mientras delineaba un proyecto de extracción de litio de ripios sólidos en la Planta El Águila, Quiborax sufrió un ataque informático que resultó en la sustracción de diez años de correos electrónicos. En diciembre de 2023, la empresa obtuvo la autorización para realizar pruebas de procesamiento de litio, pero en marzo de 2024, una selección de estos correos sustraídos fue utilizada en una publicación periodística que dañó su reputación, suspendiendo la celebración del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL). La suspensión del proyecto de litio -sostiene la empresa- ha paralizado inversiones por más de USD 70 millones, dejando en vilo una iniciativa clave para el crecimiento económico y social de la región, que podría generar un aumento del 20% en la ocupación laboral regional, creando más de 1.000 nuevos empleos. La empresa sostiene o sugiere que la filtración de correos de sus ejecutivos es la base de las acusaciones del CDE. ¿Cuál es el origen y sentido de esa filtración, según lo recabado hasta ahora? - No se ha podido determinar aún el origen del ataque informático de 2020. Lo que sí es curioso es que después de recibir la luz verde para nuestro proyecto de extracción de litio y avanzar en los términos de un CEOL, una parte -manipulada- de los correos sustraídos fueron publicados, generando, primero, la detención del proyecto y, tres meses después, este anuncio de demanda por parte del CDE. Por otra parte, según hemos podido ver en la prensa, el CDE argumenta en su demanda que en Surire no sería posible ejecutar actividades mineras, pero hace un par de meses sólo excluyó de dicho Salar un área acotada, dejando la gran mayoría del mismo como una zona susceptible de ejecutar un proyecto minero de litio, planteó el abogado de la compañía.

Los gastos comunes también subirán, advierte un estudio de Edifito, plataforma que gestiona cerca de 6 mil edificios y condominios en el país. Y es que ante el alza de las tarifas eléctricas y el reajuste del sueldo mínimo, se espera que los gastos comunes también vean un considerable aumento. No obstante, aunque este ajuste al alza es transversal en el país, algunas regiones se verán más afectadas que otras.

De acuerdo con El Mercurio, entre las regiones que sufrirán mucho más producto del alza de cuentas de la luz se encuentran La Araucanía y el Maule. Mientras que por sueldo Atacama y Antofagasta, conforme al estudio de Edifito.

Mientras tanto, a nivel nacional se calculan que los gastos comunes de edificios y condominios suban en promedio entre 6% y 7%. Desde Edifito explican que, en el caso de luz, se prevé un alza general de 3,61%, en tanto que por el salario mínimo se estima un aumento de 3,61%.

Asimismo, comentan que cada factor incide en el costo total, debido a que el punto de reajuste salarial pesa más que el de electricidad: un 50% a 10%, en concreto. Sin embargo, ambos ítems varían también según las características de cada una de las comunidades.