El insólito incremento de un 45% del padrón electoral de Sierra Gorda en solo un año generó una serie de repercusiones que, ahora, incluso involucrarán la acción del Ministerio Público.

A raíz de consultas realizadas por "El Mercurio de Antofagasta", desde el ente persecutor confirmaron que el fiscal regional, Juan Castro Bekios, dispuso de oficio investigar la eventual existencia de hechos que pudieran ser considerados como delitos, tanto en el caso de Sierra Gorda, como en Ollagüe.

La decisión responde a lo consignado por distintos medios, que dieron cuenta del aumento significativo en los padrones electorales entre 2023 y 2024. Solo en Sierra Gorda se inscribieron 825 personas para votar en esta localidad.

De acuerdo con el padrón auditado del 2024, en Sierra Gorda se registraron 825 personas nuevas desde el 2023, previo a las elecciones municipales y de gobierno regional de octubre, siendo la localidad con más inscripciones de nuevos electores en la Región de Antofagasta. En cuanto a Ollagüe, fundamentan las pesquisas en informaciones que señalan evidencias de potenciales hechos de acarreo.

Quienes estarán a cargo de las indagatorias serán los fiscales jefes de Antofagasta y Calama, Cristian Aguilar y Eduardo Peña, quienes trabajarán junto a equipos de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC).

Desde la Fiscalía mencionan distintas normas que regulan este tipo de situaciones. Por ejemplo, la ley 18.700 precisa que quien, "en cualquier elección popular, primaria o definitiva, solicitare votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos".

También señalan la norma sobre inscripciones electorales, en donde se sanciona a quien declare o actualice su domicilio electoral con datos falsos a los permitidos. Se agrega también que la persona sufrirá presidio menor en su grado medio, entre 10 a 50 UTM y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos, por incitar, promover u organizar a los electores para modificar su domicilio electoral, declarando datos falsos.

Servel

Lo anterior se da en paralelo a lo informado por el presidente del Servel, Andrés Tagle, sobre la presentación de una denuncia desde el servicio por 1.844 personas que solicitaron un cambio de domicilio a comunas como Putre, Camarones, o Sierra Gorda y Ollagüe. Dichas modificaciones no fueron procesadas.

Tagle dijo que las solicitudes corresponden a domicilios con irregularidades, como localidades donde solo hay caseríos, calles sin numeración cuando la calle sí tiene numeración, numeración inexistente, o domicilios sin una cantidad de personas justificable.

En el caso de Sierra Gorda y Ollagüe, las solicitudes rechazadas fueron 221y 301, respectivamente.

Tagle hizo hincapié especialmente en Sierra Gorda, recordando que es una "reiteración persistente". Recordó que en 2008 "estos casos llevaron a anular las elecciones municipales. Y en 2016, el Servel detectó más de 2 mil casos de cambios de domicilio hacia esa comuna, lo que prácticamente hizo duplicar el padrón electoral de Sierra Gorda. Ello motivó la presentación de una querella y la posterior formalización de los casos por parte de la Fiscalía".

2016

Sobre el 2016, cabe recordar que, tras una denuncia del Servel, la Fiscalía de Antofagasta investigó el delito de acarreo por 212 inscritos en Sierra Gorda.

De estas pesquisas, finalmente fueron requeridas en juicio simplificado aproximadamente 181 personas, cuyas causas terminaron en su gran mayoría - 176 casos- con la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, es decir, imponiendo al imputado condiciones que debió cumplir por un tiempo determinado para dar por concluida la causa. Además, hubo seis sentencias condenatorias.