Los dichos del abogado Mauricio Daza encendieron la polémica, otra vez, en torno a la causa de ProCultura. "Lo que hizo la fundación ProCultura fue contratar a gente del mismo Gobierno Regional que le había entregado la plata y gente del Gobierno Regional, que todavía hay que identificar, le habría mandado la nómina a ProCultura a quienes tenían que contratar porque ellos conocen a su gente", dijo, durante su participación en un programa del canal Via X.
Si bien Daza no presentó pruebas para fundamentar su comentario, 10 consejeros regionales acudieron a la Fiscalía Regional para ingresar una denuncia para que se pesquise la eventual irregularidad.
Los firmantes de la denuncia son consejeros de distintos espectros políticos: Mirta Moreno (ind. - FRVS); Paula Orellana (FA); Mónica Muñoz (Evópoli); Tamara Aguayo (Evópoli); Estefanía Tapia (PDG); Paula Celis (PDG); Dagoberto Tillería (UDI); Carolina Moscoso (PSC); Fabian Ossandón (ind. - PR), y Katherine San Martín (ind. - ex RN).
Los cores pusieron los antecedentes ante el Ministerio Público solicitando que se cite el gobernador Ricardo Díaz para esclarecer la situación. Dicha información será remitida al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien tiene a cargo la causa de ProCultura.
"A nosotros los consejeros regionales, en pos de la transparencia, nos preocupa bastante que se señale al gobernador y a funcionarios, y que ninguno de estos estamentos decida tomar acciones legales o se defiendan, por cuanto enlodan a todo el Gobierno Regional, en el cual el Consejo es parte", comenta Tillería.
La consejera San Martín señala que "estas declaraciones que nosotros anexamos a esta denuncia vienen de un abogado de la plaza connotado, donde deja entrever una situación irregular que podría haber sucedido entre ProCultura y el Gobierno Regional". Y asegura que "esto es una cuestión que, lamentablemente, se viene repitiendo en reiteradas ocasiones, que es la falta de información en cuanto a proyectos, planes y programas".
Mientras, Ossandón afirma que los hechos mencionados "podrían revestir el carácter de delito".
Por su parte, Moscoso indica que "es nuestro deber velar por el correcto uso de los recursos públicos y garantizar que se respeten los principios de legalidad y ética en la administración pública".
La arremetida de Díaz
Durante la tarde de ayer, el gobernador Díaz arremetió contra la denuncia de los consejeros. Descartó tajantemente las acusaciones en contra del Gobierno Regional, su equipo de confianza y funcionarios de carrera del servicio.
Según Díaz, durante su gestión ningún miembro directivo de la institución recibió dinero o fue contratado "por alguna organización externa, o que haya entregado nóminas de personas a contratar". Y menciona que "los candidatos a gobernadores que firman dicha declaración lo hacen sin mayor sustento e información, solo se basan en una declaración que hizo un abogado particular a un programa de radio sin más antecedentes. Hago un llamado a la responsabilidad de las acusaciones que se envían puesto que hacer acusaciones sin sustento bordea las injurias".
"Como gobernador, tengo la completa y total disposición de colaborar con el Ministerio Público en las situaciones que sean necesarias, pero creo que no es honesto ocupar dicho organismo para campañas políticas ni, menos aún, atacar la dignidad de los funcionarios públicos que trabajan en el Gobierno Regional" concluyó.
Cabe indicar que la Fundación ProCultura suscribió un convenio de transferencia por $623 millones con el Gore para la remodelación y pintado de fachadas del caso histórico de la ciudad. Sin embargo, en septiembre del 2023 puso término anticipado al proyecto debido a los múltiples incumplimientos por parte de la organización.