Es el proyecto de mayor inversión que se encuentra actualmente en análisis en el sistema de evaluación ambiental en Chile. Y por lejos.

Los US$5.000 millones que plantea el diseño, construcción y operación del proyecto de "Aguas Marítimas" para la Región de Antofagasta, hacen de la iniciativa de Cramsa S.A una de las más relevantes en curso, en especial por sus posibles impactos, en el desarrollo industrial, inmobiliario y minero de la región.

Según la propia web institucional, Cramsa S.A. se proyecta como una operación de aprovisionamiento de agua para consumo humano y la industria, en las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y Calama. Una operación que complementaría a aquellas zonas o faenas industriales en las que la actual concesión sanitaria de Aguas Antofagasta no otorga cobertura.

Para ello, considera el uso de agua de mar a partir de una captación ubicada en el sector de Caleta Bolfin, fuera del límite urbano de Antofagasta, 12 kilómetros al sur de Caleta Coloso donde se construirá una planta desalinizadora de 700.000 m3/día a con su sistema de captación de agua de mar y emisario para la descarga y un sistema de conducción de agua desalinizada de aproximadamente 500 kilómetros, 18 estaciones de bombeo elevadoras, 350 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica y 21 subestaciones eléctricas entre otras instalaciones de apoyo.

La millonaria inversión ubicaría a Cramsa S.A como la planta desaladora más grande de Latinoamérica.

Con un inicio de obras proyectado para mediados del próximo año, se estima que el proyecto generaría cerca de 8.500 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y en su puesta en marcha - proyectada para el 2028 - distribuiría 350.000 m3/día, aumentando a 700.000 m3/día al término de las obras.

Actualmente el proyecto - ingresado el 1 de marzo del 2022 - se encuentra en análisis ambiental producto de la segunda adenda presentada por la compañía. Por ello, y ante los numerosos antecedentes observados por los servicios públicos, el SEA solicitó extender el plazo de evaluación por 180 días, a partir del 1 de julio de este año.

Entre los actores del sector, ven con buenos ojos la iniciativa, la que podría abastecer de agua a importantes faenas mineras de la zona y posibilitaría el desarrollo inmobiliario en sectores cercanos a la ciudad.

Sin embargo, pese a los múltiples acciones comunitarias que ha desarrollado la firma, a nivel de tribunales, el proyecto Cramsa, siempre se planteó con otro propósito.

Solicitud de servidumbre

El 21 de marzo del 2021 la Compañía Regional Aguas Marítimas S.A., representada por el abogado Carlos Claussen, presentó una demanda contra el Fisco, ante el tercer juzgado civil de Antofagasta.

En ella, Aguas Marítimas, solicitó la constitución de una servidumbre minera que permitiera el uso de terrenos fiscales para la construcción de un acueducto, obras eléctricas, viales y complementarias para el proyecto minero que la compañía, desarrollaría en el sur de Antofagasta y que incluía una planta de beneficio de minerales.

El trazado del acueducto indicaba que transportaría agua desde la Laguna 'La Azufrera', ubicada en el Parque Nacional Llullailaco, hasta la concesión minera "Bahía 1 al 48", en los terrenos cercanos a Caleta Bolfin.

La longitud del trazado de la servidumbre solicitada llegaba a los 489 kilómetros, con un total de 1.603,94 hectáreas de servidumbre ocupacional.

El 28 de mayo del mismo año, el CDE, representado por el exprocurador regional Carlos Bonilla, controvirtió la solicitud de la compañía, indicando que en principio no era dueña de la concesión minera indicada y que, por lo demás, la empresa era reconocida ampliamente como una sociedad anónima abierta cuyo objetivo no era minero, sino más bien desarrollar una concesión sanitaria en una vasta extensión de kilómetros en la región.

"La actora necesita para obtener dicho suministro de agua, contar con un ducto que pase por Minera Zaldívar, para continuación, seguir al norte y a la altura de la Ruta B-385, girar hacia Baquedano, pasando por lomas Bayas, para así, luego, girar hacia el oriente desviándose más de 40 kilómetros hacia minera Gaby de Codelco", fue uno de los argumentos presentados por el CDE ante el juzgado.

Sin embargo, pese a la evidencia, el 15 de junio del año 2022, la jueza titular del tercer juzgado civil Susana Tobar, acogió la demanda por servidumbre solicitada, desestimando los argumentos del CDE en contra del propósito y la naturaleza del proyecto. En el fallo, Tobar también fijó una servidumbre de 30 años, estableciendo un canon de arriendo de 5.072,46 UF's anuales por las 3.041,57 hectáreas arrendadas al Fisco.

La resolución fue apelada por el CDE, el 14 de julio, ante la Corte de Apelaciones. En su