Las periódicas quemas y los microbasurales en las inmediaciones del exvertedero La Chimba, a casi cinco años de su cierre, persisten hoy como un grave pasivo ambiental aún sin solución que afecta a las miles de familias que habitan este sector.

Hace unos días la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección interpuesto por vecinos del sector, que ordenó al Gobierno Regional, Delegación Presidencial Regional (DPR) Municipalidad de Antofagasta y las seremis de Bienes Nacionales y de Salud a coordinar la constitución de una mesa de trabajo en el plazo de 30. El objetivo: abordar una serie de medidas para abordar el impacto de este pasivo ambiental.

"Las quemas han seguido. Esta administración ha sido nefasta en cuanto a presentar una solución. Solo ha sido compelida por la fuerza del Poder Judicial. Lo digo ya como vecina, cansada de decir que lo que necesitamos es fiscalización 24/7. Acá se han invertido miles de millones de limpieza y si tú vienes hoy está la misma o incluso más cantidad de basura a los alrededores", expresa la concejala Karina Guzmán (Frvs) .

"La fiscalización 24/7 sí se puede adoptar. Tenemos que usar las tecnologías, como drones, iluminación y articular inspecciones con las policías. Sabemos que la solución final es la organización, pero que eso va a ser a largo plazo; entonces, se requiere una articulación primero entre las autoridades en conjunto la comunidad para tener la remediación del basural que no se ha logrado en esta administración", agrega.

Según el concejal Luis Aguilera (RN), Antofagasta cuenta con los recursos, los profesionales y una comunidad comprometida con la solución. Sin embargo, la falta de voluntad y competencias mantienen sumida a la ciudad en un manto de nube contaminante, según afirma. "Es lamentable que solo a través de fallos de justicia las instituciones de Antofagasta funcionen o se les obligue a realizar una labor que por Ley es de su potestad, más aún cuando es un derecho constitucional de cada persona el vivir libre de contaminación. Los vecinos claman por una solución definitiva, han esperado años para terminar con las quemas en el área y éstas lejos de acabar continúan".

"Aquí la solución pasa por gobernanza, donde todas las autoridades (locales, regionales y nacionales) se enfoquen y empaticen con los vecinos del sector para que todos juntos puedan llegar a una solución que permitan terminar con la contaminación… donde haya mayor Monitoreo y Vigilancia, Patrullajes Regulares, Coordinación interinstitucional y exigir el traspaso de terrenos por parte de BBNN a agrupaciones públicas y privadas", añade.

Aumento de sanciones

Para el concejal Gabriel Alvial (Frvs), aunque el municipio se haga cargo de la seguridad del recinto esta no es suficiente. "Los alrededores del exvertedero siguen acumulando basura. Soy activista del cáncer a raíz de lo sucedido con mi hijo; y quizá sea una medida retrógrada para muchos, pero estoy muy de acuerdo con una sanción mayor para quienes sean sorprendidos quemando. Algo de lo que varios de mis colegas discrepan. El fuego causado por las quemas es algo continuo. Quizás no produzca cáncer hoy, pero si es un efecto inmediato de enfermedades respiratorias".

"Si un individuo, sea por extraer el cable de cobre o reducir basura inició una quema, es un atentado contra miles de familias. Para mí eso es un acto terrorista ¿Usted sabe a cuánto se condena un acto terrorista? Mínimo 5 años. Creo firmemente en el recrudecimiento de las condenas respecto a la gente que bota basura", dice.

Los sectores próximos al exvertdero La Chimba muestran un alto desarrollo inmobiliario, que incluye condominios de alto estándar, edificios, áreas verdes y también una universidad. A esto se agrega un abundante comercio, que abarca desde supermercados, gimnasios y hasta un centro comercial. Pese a estos avances, el pasivo ambiental persiste hasta hoy.

Labor de remediación

El alcalde Jonathan Velásquez (Ind) debe cumplir el mandato de la Corte de Apelaciones sobre esta contingencia con el fin de conformar una mesa de trabajo con los demás organismos públicos pertinentes, expresa el concejal Waldo Valderrama (PC) . "Esto, en orden a coordinar operativos de limpieza; ver cómo garantizar la seguridad del sector y la prevención de nuevos incendios, tanto dentro como fuera del perímetro", opina.

"Si bien coincido en la conclusión del gobernador en que acá ha faltado liderazgo municipal, no me parece traspasar la obligación. Es el municipio el que debe llevar adelante este proceso. El municipio tiene que potenciar el liderazgo de la Secretaría Comunal de Planificación para sacar adelante toda la carpeta de inversiones y proyectos, con la colaboración del Concejo, y con financiamiento propio y regional, que permitan sacar adelante la remediación medioambiental del terreno", dice Valderrama.

Un fallo previo de la Corte de Apelaciones había ordenado levantar un cierre perimetral alrededor del exvertedero. Un trabajo que se cumplió con éxito, aunque no ocurrió lo mismo con el sistema de vigilancia, dice la concejala Norma Leiva (PS). "La empresa no cumplió con sus obligaciones en el contrato. Este mes se cursaron las multas necesarias y se puso término a este contrato por incumplimiento de obligaciones. El 16 de septiembre aprobamos un nuevo contrato de vigilancia para el sector del exterior La Chimba, que espero cumpla con las necesidades urgentes de resguardar ese sector", dijo.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, la parlamentaria (IND) Yovana Ahumada , destacó la urgencia de atender la situación de la Escuela Especial "Raíces" de Antofagasta, que ha visto obstaculizado su funcionamiento desde las modificaciones curriculares de 2019. " Es alarmante que una escuela que atiende a niños con necesidades especiales no pueda abrir nuevos cursos y que estos niños y niñas no tengan otras opciones en la región", comentó la legisladora tras la presentación de la directora del establecimiento, Gloria Zamudio, ante los legisladores de esta Comisión de la Cámara.

Durante la sesión, la diputada destacó que las exigencias impuestas a "Raíces" no toman en cuenta su naturaleza especial. "No podemos medir con la misma regla a una escuela especial con menos de 8 niños por curso, donde se le exige, por ejemplo, tener un patio como el de cualquier otro establecimiento regular. Esto demuestra una desconexión con la realidad que viven este tipo de escuelas".

Además de la directora, también participó presencialmente de la Comisión un apoderado del establecimiento, quien entregó su testimonio sobre las dificultades que enfrentan las familias que dependen de este centro educativo. En ese sentido, la parlamentaria antofagastina señaló que, "fue crucial escuchar tanto a la directora como a los apoderados, y todos en la Comisión comprendimos la importancia de este tipo de instituciones para los niños con condiciones especiales", subrayó.