En enero de este año, un medio nacional publicó la noticia del levantamiento de un estudio por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que planteó la identificación de 'fallas' y el mejoramiento en el gasto de la Educación Superior (ES) en Chile. La nota de prensa daba cuenta de que el gasto en ES realizado por el Estado y las familias en 2020 ascendía a los US$ 6.600 millones, lo que constituye el 2,6% del PIB. El fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, señaló en esa oportunidad que "… La educación superior es una de las inversiones más trascendentes que realizan las familias en nuestro país y un eje clave para la movilidad social y para el crecimiento y la productividad de la economía" (EMOL, 04/01/2024).

Por otro lado, la promulgación de la Ley 21.091 creó en 2018 la Superintendencia de Educación Superior, un organismo que busca fiscalizar a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en todas aquellas normativas que rigen el actuar y la gobernanza de estas instituciones de la educación superior (IES) en nuestro país. Por ende, las IES públicas y privadas 'no se mandan solas', no están a la suerte del mercado, ni se comportan como entidades oligopólicas, pues la robustez institucional las está constantemente supervisando en todos los aspectos administrativos y de eficiencia en el gasto en Educación Superior.

Toda esta accountability debe estar clara para la ex Ministra de Educación durante el gobierno de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, quien aparece en la discusión pública por el sueldo de 17 millones de pesos que recibió entre 2018 y 2022 de parte de la Universidad San Sebastián (USS). Este caso lo dio a conocer un medio nacional (El Mostrador), y movilizó a la Fiscalía Centro Norte de Santiago a levantar una investigación "por eventuales ilícitos en el salario de la histórica figura del conservadurismo chileno" (El País, 25/09/2024).

La Superintendencia de Educación Superior dio un plazo de cinco días hábiles a la universidad para hacer llegar todos los antecedentes de cumplimiento de normativas internas en los contratos. Y diversos parlamentarios oficialistas presentaron una denuncia por posibles delitos de corrupción, soborno, cohecho, contratos simulados, entre otros.

La casuística nos lleva también a profundizar en la conceptualización del Estado como botín (MarioWaissbluth, Voces La Tercera, 26/07/2016; Carlos Tromben, Interferencia, 09/10/2021). Esta idea fue instalada por el sociólogo Alberto Mayol a raíz de la venida del cantante Peso Pluma al Festival de Viña del Mar y la expansión de la 'narco-cultura' con platas públicas (Radio Uchile, 21/01/2024).

¿El caso Cubillos no constituye un ejemplo más del botín estatal? Si bien la USS como universidad privada no está adscrita a la gratuidad, pero en 2023 el 45,5% de sus ingresos fueron dineros estatales tales como becas fiscales, Crédito con Aval del Estado (CAE) y fondos concursables como subvenciones gubernamentales (estados financieros de la consultora Deloitte y publicados en la SES).

Se han dado serias discusiones públicas en las universidades chilenas sobre la no meritoria remuneración de Cubillos por su escasa actividad académica y su currículo relativamente 'reguleque'. Asimismo, se ha hecho una necesaria comparativa con los sueldos del profesorado de liceos y colegios con índices altos de vulnerabilidad, y este caso trae a la luz una profunda sensación de brecha económica, tan patente en los reclamos de las movilizaciones sociales del Estallido Social. Pero, el punto más álgido de la discusión vuelve a recaer en lo que el catedrático español Daniel Innerarity (La Política en tiempos de indignación, 2020) denomina la 'política de los acreedores', es decir, el papel económico es mucho más importante que la integridad política y social, pues la inmoralidad o la indecencia está ubicada en una meritocracia sin méritos. Con platas públicas, de nuestros impuestos, se siguen enriqueciendo losspriviegiados de siempre, los 'perfectos hipócritas morales', amantes del mercado no defectuoso.