La última encuesta del Centro de Estudios Públicos-CEP- consolida la idea de que los chilenos y chilenas están sufriendo una transformación tectónica en los ámbitos individual y colectivo.

Un ejemplo de lo anterior es lo relacionado con la religiosidad. De ser un país muy cristiano y católico, en particular, los últimos años muestran la enorme migración hacia otras posiciones.

Cuando se trata de religión, el 48% se considera perteneciente a la fe católica, el 31% agnóstico, ateo o sin religión, un como 17% evangélico y el 4% con otra. Y aunque los números anteriores no experimentan cambios significativos respecto de los últimos años, si lo es en relación con las décadas o generaciones anteriores.

Qué ha pasado en las tres décadas recientes? Nada más y menos que la más profunda transformación nacional en poco más de dos siglos de historia republicana, tiempo vilipendiado por la izquierda más radical y hasta cierto punto incomprendida por las coaliciones que le dieron vida: la DC y la socialdemocracia y la derecha.

No es la única ni más importante modificación, por cierto, pero es un ejemplo de cuánto han cambiado las ideas y proyectos de los compatriotas que hoy son caracterizados por su mayor individualismo, aunque también con temor a un mundo y una vida cada vez más ajena, desconocida e incierta.

Es cierto que las congregaciones sufren con la caída de los fieles, pero eso no significa un retroceso de las creencias místicas.

Eso permanece, aunque deberemos acostumbrarnos y advertir que las colecciones individuales de creencias e ideas mezcladas, serán cada vez más comunes y exóticas.

Para algunos será un paso a un politeísmo extraño, para otros, un ejemplo del extravío de una sociedad ajena y muy desconocida.

Las instituciones, descritas de la manera mas simple, son organizaciones humanas que establecen relaciones estructuradas y estables entre las personas para alcanzar objetivos específicos o implícitos. Son sistemas de normas y convenciones sociales que definen el comportamiento de las personas en una sociedad.

Existen instituciones de distinto orden, políticas como los partidos; económicas, como los bancos o empresas; jurídicas, como los tribunales en sus distintos niveles; laborales, como los sindicatos; educacionales como las universidades tradicionales, liceos y escuelas rurales. La sociedad opera a través de ellas y resuelve necesidades de distinto orden a cada uno de sus actores.

En nuestros prolongados años de transición la frase "que las instituciones funcionen "se puso de moda como una aseveración que afirmaba la fluidez republicana de nuestro hacer y la confianza en que estos constructos sociales garantizaban la transparencia de las practicas que regulaban la administración del poder en nuestro sistema. Todo era tolerable mientras las instituciones funcionaran.

Pero los hechos, ohhh los porfiados hechos, han demostrado que estas instituciones mas que funcionar se han visto obligadas a funcionar por hechos externos a su estructura, generalmente representados por medios de comunicación y periodismo investigativo que han puesto a rodar la anquilosada maquinaria de las instituciones, bajo la presión del escrutinio público.

Hace muchos años ya "el jarrón perdido" del gobierno de Lagos dejo entrever que había opacidad en el hacer y administración del poder, el caso Inverlink venía a darnos la bienvenida a la realidad, y luego un gerente despechado, al que se le encargaba el manejo de la basura, pero no asistir al cóctel, destapaba los manejos del grupo Penta financiando ilegalmente la política. En nuestros días, una psicópata bien orientada, deja al descubierto la mas compleja trama de política y oscuros manejos financieros que son la realidad del sistema neoliberal y que amenaza con hacer entrar luz a los oscuros parajes del poder.

Si, la verdad es que han hecho trizas la institucionalidad y su valoración. La élite amparada en una impunidad vergonzosa de clases de ética y oscuros pasadizos que intercomunican bajo tierra poderes que se suponen independientes. Al que defienden a voz en cuello en la plaza pública, pero vulneran soterradamente a piacere.

La crisis de seguridad comienza con estos ejemplos que nos brinda la élite de como vulnerar los torniquetes del poder, de cómo reírnos del respeto con que usted enojado, pero republicano, paga sus impuestos, mientras otros pasean con ucranianas en los mares del caribe con platas de nuestros fondos previsionales.

Nos corresponde a nosotros dar señales que esto no puede continuar, para ello concurra a votar, demuestre que la paciencia tiene limites y a llegado la hora de parar.

A cinco años del estallido social en Chile, el panorama es significativamente diferente al que muchos anticiparon en ese momento. Las demandas no solo no se han canalizado, sino que la ciudadanía ha desarrollado una visión más crítica y, en algunos casos, desilusionada hacia aquel proceso y sus resultados.

Uno de los aspectos más indiscutibles del estallido fue su capacidad para poner en el centro de la agenda pública problemas que habían sido ignorados por décadas. La desigualdad estructural, la precarización de los servicios básicos como salud, educación y pensiones, y la percepción de injusticia fueron temas que cobraron relevancia. Según el estudio realizado en 2019 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 53% de las personas encuestadas manifestó su desagrado con la desigualdad de los ingresos. Sin embargo, el descontento era aún mayor cuando se preguntó por la desigualdad de acceso a la salud (68%) y la educación (67%), la población vivía con la sensación de que el país no les ofrecía oportunidades suficientes para progresar.

A pesar de la magnitud del movimiento, las expectativas de transformación se fueron diluyendo con el tiempo. Uno de los principales fracasos del estallido fue la incapacidad de convertir ese malestar en una agenda política coherente y de largo plazo. Las demandas eran múltiples y muchas veces contradictorias. El proceso constitucional, que se presentó como la principal respuesta institucional a las demandas del estallido, terminaron siendo un reflejo de esta fragmentación.

La violencia que acompañó a algunas de las protestas también contribuyó al fracaso del proceso. Lo que comenzó como una movilización pacífica y apoyada por una gran parte de la población, fue perdiendo legitimidad a medida que los episodios de destrucción de infraestructura y enfrentamientos se hicieron más frecuentes. Según el Estudio Nacional de Opinión Pública realizado por el Centro de Estudios Públicos, el apoyo a las protestas cayó del 55% en 2019 al 23% en 2024, mostrando un claro cambio en la percepción pública.

A cinco años del estallido social, es difícil hablar de un éxito transformador. Si bien permitió visibilizar problemas profundos en la estructura política, social y económica del país, los cambios concretos han sido limitados. Las expectativas de una nueva constitución que resolviera las demandas sociales se han desvanecido, el rechazo de los procesos constituyentes evidenciaron la desconexión entre la clase política y la ciudadanía. En retrospectiva, el estallido social puede haber sido un punto de inflexión, pero el camino hacia una verdadera transformación será el resultado de un proceso político largo y gradual, en el que las demandas ciudadanas deberán ser canalizadas a través de instituciones fuertes y acuerdos políticos amplios.