Redacción

El Gobierno presentó hace unos días el proyecto de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), que "permitirá a cada estudiante cursar una carrera de educación superior sin pago de matrícula ni arancel durante sus estudios", junto con eliminar la participación de la banca en el sistema, como hoy pasa con el Crédito con Aval del Estado (CAE). Luego la "retribución dependerá del ingreso", indica la iniciativa del Ejecutivo. Frente a esto, la exministra de Justicia, Soledad Alvear, afirmó que "los parlamentarios deben estudiarlo muy bien y escuchar a los expertos".

Este comentario en X de la también exministra de Relaciones Exteriores se debió a "otra opinión negativa del decano de la Facultad de Economía (y Negocios, FEN) de la Universidad de Chile, José de Gregorio, respecto de la propuesta del sistema de financiamiento universitario", publicada ayer en El Mercurio.

El extitular de Economía señaló que "no era necesario crear un sistema de impuesto a los profesionales, que además reducirá el financiamiento a las principales universidades del país, quitándoles competitividad y limitando aún más su autonomía".

El rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, en línea con esto, dijo al mismo medio que "si usted permite que las personas que ya poseen capital económico se junten solo entre sí, más o menos lo que ocurre en una parte del sistema escolar pagado, lo único que logra es que la transmisión cultural y la formación de élites profesionales se efectúe en forma endogámica, por decirlo así, incestuosa, al interior nada más que de un grupo".

"Es raro que un Gobierno que se dice de izquierda, progresista, se empeñe en acentuar la creación de élites profesionales intelectuales endogámicas", agregó Peña, mientras que Alvear, junto con compartir el texto en la red social, comentó que es "preocupante el proyecto de Ley que ingresó el Gobierno sobre educación superior".

"y santiaguinas"

La académica de la Universidad de Concepción (UdeC), Paulina Astroza, se refirió al concepto de élite utilizado por el rector, añadiendo "y santiaguinas. Creo que el chiste se cuenta solo: aquí hay responsabilidades compartidas y enraizadas desde los orígenes de nuestro país. No sé si Carlos Peña sea la mejor persona para criticar esto".

Al cierre de esta edición, La Moneda no se refería al proyecto, salvo la cuenta del Ministerio de Educación en X, que publicó, junto a una infografía, que el "FES será una alternativa para todas y todos los estudiantes que lo necesiten, sin requisitos socioeconómicos ni de puntajes PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior), que se extenderá por la duración formal de la carrera más un año adicional".

Financiamiento

Peña también señaló que "el problema es que este proyecto fue hecho por alguien, supongo que Hacienda, más preocupado de los equilibrios fiscales que de comprender la índole de la institución universitaria. Alguien que no es capaz de atender o entender la dimensión político-cultural de las universidades, y que en cambio solo se preocupa de que las cuentas cuadren".

El extitular de la cartera, Ignacio Briones, apuntó que la iniciativa gubernamental "tiene dos problemas graves: crea impuesto a graduados que grava la formación avanzada y viola equidad tributaria horizontal" y "fija aranceles, lo que desfinanciará a las universidades complejas y nivela hacia abajo".

Las medidas de contingencia en torno al concierto de Paul McCartney que tuvo lugar el viernes en el Estadio Monumental generaron una extraña polémica.

Luego de que el ministro de Transportes anunciara por redes sociales que el Metro funcionaría con horario extendido para que quienes fueran al evento pudiesen devolverse a sus hogares de manera más cómoda, hubo cuestionamiento de usuarios y uno pidió el mismo trato para el show de Iron Maiden en el Estadio Nacional en noviembre.

El ministro respondió que "extender la operación aumenta los costos de funcionamiento, por lo que para hacerlo es necesario que las productoras de los eventos lo financien. En ningún caso responde a otra cosa".

Louis de Grange, expresidente de Metro, retrucó que "no conozco ningún caso anterior en la historia de Metro en que una productora de eventos pague por extender el horario de operación. Es un tema de seguridad: se reduce el horario para mantener y reparar vías".

La exministra de Transportes Gloria Hutt dijo que "tampoco recuerdo un caso en que alguna productora (o cualquier privado) haya pagado para modificar las operaciones del sistema de transporte público".

El funcionamiento de las sociedades descansa de manera importante en la confianza que recíprocamente nos tenemos quienes convivimos en ellas. Si bien todos somos conscientes y asumimos que a veces algunos la defraudan (el Derecho nos procura reglas para protegerla y para sancionar a quienes atentan contra ella), lo cierto es que puede afirmarse que la mayoría de las personas no lo hacen, y siguen siendo fiables. La confianza es pues una especie de pilar de la convivencia social, y en tal carácter alcanza a todos los ámbitos de ésta, lo que incluye a la comunidad política y las instituciones que le dan forma. Por eso resulta preocupante el gran deterioro que ha experimentado la confianza en la Política, en particular, en los órganos estatales y en las personas que los sirven.

Así, según datos del Centro de Estudios Públicos, en 2023 y 2024 la confianza de los ciudadanos en el gobierno alcanza un promedio del 18%, y disminuye a un 8% en el caso del Congreso y a un 3% respecto de los partidos políticos. Las cifras son igualmente pobres en lo que toca al Poder Judicial y al Ministerio Público, con un promedio de 16% de confianza, porcentaje que probablemente puede estar aún más deteriorado a raíz de los lamentables acontecimientos que están afectando a miembros de ambas instituciones.

El escenario es preocupante, máxime si se considera que en los últimos años se ha producido una preocupante baja en la valoración de la democracia. En 2023 un 19% de los chilenos pensaba que era preferible un gobierno autoritario a uno democrático, y un 25% pensaba que da lo mismo uno que otro. Un 49% pensaba que la democracia es preferible, cifra que en septiembre de 2024 alcanzó un magro 47%.

En estas circunstancias, parece evidente que los esfuerzos de los responsables de la institucionalidad del Estado deberían enfocarse muy especialmente en reconstruir las confianzas resquebrajadas. Aquello implica en primer lugar un cambio en la actitud con la que todos ellos afrontan sus obligaciones, lo que pasa por entender que, si bien la Política implica discrepancia y debate, a su vez exige búsqueda de acuerdos y consensos en ciertos mínimos, que constituyen la base del bien común, y sin los cuales el Estado no puede funcionar. Como consecuencia de esto los actores políticos deben entender que quienes tienen visiones distintas están llamados primeramente a dialogar y no a enfrentarse, a respetar a quienes piensan y no a estigmatizarlos ni ofenderlos. Y, asimismo, quienes están a cargo de las instituciones y organismos públicos deben observar una conducta ética intachable, propia de quienes han optado por servir a las personas y no a sus propios intereses.

Sobre aquella base debe avanzarse decididamente en las reformas constitucionales y legales que corrijan los evidentes defectos del actual diseño del sistema político, muy particularmente en lo relativo al sistema electoral. Como se sabe, parte importante de la actual polarización y falta de diálogo se vincula con el fraccionamiento de la representación política, y la gran cantidad de partidos. Esta situación no sólo repercute de manera negativa en la imagen y percepción de la democracia, sino que además profundiza la crisis de confianza que vive el país.

A su vez, el mundo político debe hacer los esfuerzos por lograr esos consensos mínimos, sin los cuales las demás tareas estatales no son posibles de acometer exitosamente. El primero de ellos debe apuntar a la adopción de medidas concretas para brindar a las personas orden y seguridad públicas. Enseguida, los acuerdos deben encaminarse a la pronta satisfacción de necesidades en materia de empleo, salud y educación, dejando de lado las rigideces y barreras ideológicas que sólo conducen a la exacerbación de las diferencias, y que terminan afectando a los más débiles y necesitados.

La construcción de estos consensos y la adopción de medidas concretas en aquellas materias, ayudarán sin duda a revalorizar la democracia, y a disminuir la desconfianza de los ciudadanos en la Política y en las instituciones del Estado.

*Profesor de Derecho Administrativo y Constitucional

Investigador de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes