Esta semana, la Corte Suprema destituyó, por unanimidad, a la ministra de la Tercera Sala, Ángela Vivanco, a raíz del Caso Audios. Los mensajes registrados en el teléfono del abogado Luis Hermosilla revelaron, entre varias otras cosas, cuando la también académica le solicitó ayuda para ser nominada en el máximo tribunal.

La causa judicial involucra, además, al juez Jean Pierre Matus, quien hoy enfrenta una acusación constitucional por notable abandono de deberes, al igual que su par Sergio Muñoz, aunque en el caso de este último responde a una arista distinta ligada a otra causa.

Esta crisis -una de las más graves que enfrenta la Corte Suprema desde el retorno a la democracia- ha reinstalado el debate en torno a la necesidad de una reforma al sistema judicial, en particular, la actualización de los mecanismos de nombramiento de jueces.

Jaime Arancibia, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad de los Andes, doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge y exintegrante de la Comisión Experta conformada en 2023 para elaborar un anteproyecto de nueva Constitución, cree que es importante aprovechar las coyunturas para introducir mejoras al sistema, pero advierte que estos problemas no se resuelven por ley.

"Me refiero a problemas éticos relacionados con el manejo de conflictos de interés que son de difícil detección. Existen 'intersticios' en el sistema que facilitan irregularidades que la ley es incapaz de evitar y solo le cabe desincentivar y sancionar eficazmente", afirma.

El especialista considera que una eventual reforma al sistema judicial debe basarse en propuestas y soluciones específicas alcanzadas a partir de un consenso amplio, con un rol activo de la academia y los colegios de abogados, y la creación de una Comisión Asesora del Presidente de la República o del ministro de Justicia.

-¿Qué impresión cree que se genera respecto de la gobernanza en el Poder Judicial después de los hechos que se han conocido a través de las filtraciones de mensajería del Caso Audios?

-Ciertamente, cualquier indicio de falta de objetividad en el comportamiento de los jueces o en el tratamiento de las causas genera una impresión negativa. Pero es preciso ser prudentes y no caer en generalizaciones. En lo personal, mantengo mi opinión de que son situaciones aisladas al interior de un poder del Estado que ha funcionado cada vez mejor en la última década, formado por personas con una vocación genuina y sacrificada por la administración de justicia, sin perjuicio de lo que haya que corregir.

-¿Cómo afecta este caso y sus distintas aristas a la imagen y la labor del Poder Judicial?

-La respuesta está a la vista. Las últimas encuestas muestran un deterioro de la imagen del Poder Judicial ante la opinión pública. Lo importante es aprovechar estas coyunturas para introducir mejoras al sistema que sean focalizadas. Pero no hay que ser ingenuos, hay problemas que aquejan al Estado hoy en día, no solo al Poder Judicial, que no se resuelven por ley. Me refiero a problemas éticos relacionados con el manejo de conflictos de interés que son de difícil detección. Existen "intersticios" en el sistema que facilitan irregularidades que la ley es incapaz de evitar y solo le cabe desincentivar y sancionar eficazmente.

En materia de ética profesional forense, la prevención más importante es la de la educación en valores en la familia,

"Mientras más ambiciosa u omnicomprensiva es la reforma, menos posibilidades tiene de prosperar. Por eso valoro el realismo del ministro de Justicia en procurar concentrarse solo en la reforma al sistema de nombramientos".