La Fiscalía de Tocopilla formalizó a ocho individuos de nacionalidad boliviana por los delitos de asociación delictiva y receptación. Los sujetos fueron detenidos en la comuna de María Elena mientras transportaban 6 mil kilos de cable conductor eléctrico de aluminio, perteneciente a una empresa de energía de la región.

Por solicitud del Ministerio Público, los acusados quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, considerándose un peligro para la seguridad de la sociedad y riesgo de fuga. Se estableció un plazo de investigación de 120 días para el caso.

H ay preocupación entre los parlamentarios regionales, luego de que un dictamen de la Contraloría cuestionara la licitación efectuada por Corfo para la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), argumentando que el Consejo de dicha institución modificó las condiciones del concurso después de recibir propuestas, "vulnerándose con ello el citado principio de estricta sujeción a las bases".

Por esto, manifestó que le corresponde a la corporación regularizar esta situación, "retrotrayendo el procedimiento a la etapa de decisión del Consejo", esto con el objetivo de "que su determinación se ajuste a las bases, o bien, en caso de que estime necesario modificar los intereses estratégicos perseguidos en la convocatoria".

Nueva muralla

No es la primera vez que la licitación del ITL está en tela de juicio. La adjudicación cuestionada por el ente contralor data de abril del 2023, cuando Corfo adjudicó el ITL al consorcio chileno Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (Asdit), tras un fallo de la Corte Suprema. Esto revirtió la decisión original tomada en 2021, cuando fue el conglomerado Associated Universities, Inc - que reúne las principales universidades norteamericanas - el que se adjudicó el desarrollo del instituto.

Que se desarrolle el ITL involucra un proyecto de 10 años con un financiamiento de US$193 millones, aportados por SQM mediante una cláusula en el contrato con Corfo por el Salar de Atacama. La sede del órgano estará en la Región de Antofagasta.

Este nuevo traspié generó alerta transversal entre los congresistas locales. "Una nueva muralla para derribar. Cada logro de la región cuesta un mundo y esto no será la excepción", tildó el diputado Jaime Araya (ind. - PPD).

Su par, Catalina Pérez (FA), subrayó que es "incomprensible que se sigan cometiendo errores en un proyecto tan relevante para la región". Y recordó que del desarrollo del ITL "depende la generación de empleos a nivel local, de ciencia y el desarrollo de innovación y tecnologías que reduzcan los efectos climáticos de nuestra matriz productiva".

En esa línea, manifestó que "el gobierno tiene la responsabilidad de sacar este proyecto adelante y resulta preocupante el tratamiento que la licitación ha tenido".

Mientras, la diputada Yovana Ahumada (ind.) criticó el que un proyecto de esta envergadura "esté en riesgo debido a irregularidades en el mismo proceso de la adjudicación".

Unir fuerzas

La senadora Paulina Núñez (RN), en tanto, recalcó que "las cosas no se han hecho bien", y criticó que durante todo el proceso intervengan distintos organismos, "desde la Corte Suprema hacia abajo, y el pronunciamiento de la Contraloría viene a ratificar nuestras preocupaciones".

Con todo, la senadora llamó "a dejar de trabajar de manera aislada y a que el consorcio convoque a todas las autoridades, al menos locales, sin excepciones. Debemos hacer fuerza juntos para que podamos concretar aquello que iniciamos hace varios años atrás".

"La licitación del Instituto de Tecnologías Limpias ha tenido problemas desde su origen, desde la época del gobierno del Presidente Piñera", indicó el senador Pedro Araya (PPD).

Con todo, el parlamentario acotó que esperan que, a partir de este informe, "se puedan corregir las observaciones que hace la Contraloría y, de una vez, poder partir con el ITL". No obstante, reconoció que esto significa un retroceso y un atraso que, probablemente, no estaba en la carpeta, lo que "puede afectar el buen funcionamiento del instituto".

Para el senador Esteban Velásquez (FREVS), le corresponderá a Corfo "dar las explicaciones" del caso. Sin embargo, advirtió que se trata del segundo proceso fallido, y que se requiere "estar mucho más pendiente y colocar todo el talento jurídico-administrativo para que los procesos resulten como corresponden, y no frenemos lo que ya se debe desarrollar, que es el corazón de este proyecto".

El alcalde Jonathan Velásquez y su defensa sufrieron un nuevo traspié en el Tribunal Electoral Regional (TER), luego de que el organismo rechazara la petición de anular la prueba testimonial presentada por la parte requirente, en el contexto de la acusación por abandono de deberes interpuesta en contra del jefe comunal, que va a la reelección.

Entre los argumentos de la defensa de Velásquez está que los abogados no recibieron un enlace de conexión para unirse a la toma de declaraciones de testigos, con fecha 24 de septiembre a las 9 de la mañana. Dicho link tenía que enviarse con tres horas de antelación, según acordaron en una sesión previa. "Revisadas sus casillas electrónicas el día martes 24 de septiembre a las 07:00 horas y viendo que no existía correo alguno con los datos de conexión, asumieron que la testifical no se llevaría a cabo", se lee en parte de los argumentos aducidos por los representantes del edil.

Sin embargo, se agrega, los abogados se enteraron de que sí se desarrolló la audiencia en horas de la tarde de ese mismo día, a través de una publicación de un diario electrónico.

Con todo, el TER reconoció que no se envió el enlace de conexión con las tres horas de anticipación, "pero sí se informó vía correo electrónico a las 8:00 horas a las partes". En ese sentido, se recalcó que la parte requerida sí sabía "que a las 9:00 horas habría una audiencia de prueba de testigos, por lo que por lo menos debió haber revisado con prolijidad su correo electrónico, cuestión que no hizo porque como el mismo lo señaló en su escrito fue suficiente revisarlo una vez, lo que no encuentra sustento para poder determinar que existió efectivamente un perjuicio".

Con esto, es la segunda vez que el alcalde tiene un revés en el tribunal. Anteriormente se informó que uno de sus testigos, el exasesor jurídico Marcelo Pizarro, declinó testificar en favor de Velásquez.