Durante las últimas tres semanas, personal de aseo y maquinaria pesada, bajo la dirección de la DPR trabajó en la limpieza del sector alto de La Chimba.

El operativo, financiados con recursos de fondos de emergencia, tiene como propósito reducir el riesgo de quemas ilegales y mejorar la seguridad de los residentes y trabajadores del área.

Operativo

El proceso comenzó el 17 de octubre en las inmediaciones del exvertedero municipal, en la intersección de calle Los Poetas y 1 Poniente, zona del sector PET Municipal.

En la segunda fase, actualmente en desarrollo, las labores de limpieza se han expandido a las calles Sierra Nevada y Quebrada La Chimba donde se han desalojado cinco ocupaciones irregulares con el apoyo de Carabineros.

Hasta ahora, se han removido alrededor de 4.600 toneladas de residuos y escombros voluminosos. Además, estas intervenciones han permitido la detención de 38 personas por delitos como la quema de basura, 418 infracciones de tránsito y 1.953 controles de identidad y vehiculares. Además, cuatro personas extranjeras en situación irregular han sido denunciadas, y se han recuperado seis vehículos robados.

El jefe de la Unidad de Gestión Territorial de la DPR, Daniel Morales, informó que "de acuerdo a la mesa intersectorial de servicios públicos que se encuentran interviniendo los sectores aledaños al ex vertedero La Chimba y, por instrucción de nuestra Delegada Presidencial Karen Behrens Navarrete, llevamos 21 días de limpieza y carguío de basura y escombros en estos sectores, con el objetivo de disminuir los riesgos de quemas ilegales, controlar el ingreso de personas que arrojan basura, dar mayor seguridad a los vecinos y atender las demandas de la comunidad".

Luego de escuchar los alegatos de ocho abogados y analizar tanto los antecedentes acompañados en la causa como aquellos recogidos en terreno, el Primer Tribunal Ambiental determinó acoger parcialmente las solicitudes de alzamiento de la media cautelar de paralización de la operación de minera Quiborax.

En la resolución, dada a conocer hoy, el tribunal autorizó "excepcionalmente" la realización de las actividades de nivelación de las áreas intervenidas durante el 2024, así como el retiro y transporte de ulexita acopiada en el Salar de Surire.

En su dictamen, los ministros de la causa, Sandra Álvarez, Marcelo Hernández y Alamiro Alfaro, detallaron una serie de condiciones y medidas que debe adoptar la empresa.

Respecto del transporte del mineral, el tribunal estableció que la compañía debe ajustarse a la cantidad de camiones autorizados por Sernageomin, que corresponde a 70 camiones por día con capacidad de 28 toneladas cada uno.

La empresa apuntó que valoraba "positivamente" la resolución, ya que se puede alzar parcialmente la medida cautelar que mantenía paralizadas sus labores desde el 11 de septiembre pasado, "ya que sienta las bases para aspirar a un proceso más ecuánime, razonable y equilibrado".

"Como empresa, hemos señalado en todo momento que las imputaciones que se formulan en la demanda no se ajusta a los antecedentes que emanan de los propios organismos públicos encargados de realizar la fiscalización de nuestras operaciones", se dijo.

El Servicio de Salud de Antofagasta (SSA), presentó una denuncia ante la Fiscalía de Antofagasta solicitando la investigación de presuntas irregularidades dentro de la entidad que podrían constituir graves delitos que incluirían la falsificación de instrumentos públicos y la suplantación de identidad.

El Dr. Francisco Grisolía, director regional del SSA, explicó que los antecedentes apuntan al posible uso indebido de instrumentos judiciales por parte de uno de los abogados que trabaja en la unidad jurídica de la institución.

Según la denuncia, uno de los principales involucrados sería el abogado M.B.M , funcionario que ingresó durante la administración del gobierno anterior, quien habría diseñado un complejo sistema para desviar a cuentas personales, recursos asociados a sentencias judiciales laborales que tramitaba él mismo a nombre del servicio.

"No vamos a tolerar ni el más mínimo atisbo de corrupción o cualquier tipo de acción o conducta que estén reñidas con el mandato legal y constitucional que rige a nuestro Servicio. Por eso, la acción que hoy estamos presentando busca determinar responsables y la magnitud de los hechos denunciados", expresó el Dr. Grisolía.

Grisolía indicó que junto con presentar la denuncia al Ministerio Público, remitieron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Contraloría Regional.

El mecanismo

De acuerdo a lo informado, el esquema utilizado para la defraudación consistía en ocupar el nombre de un funcionario del SSA (en principio sin su consentimiento) para presentar una tutela laboral ante el Juzgado Laboral por parte de un segundo abogado ajeno al SSA donde se denunciaba una supuesta vulneración de derechos.

Una vez ingresada dicha tutela, el abogado del SSA daba tramitación exprés a la causa, pese a que en condiciones normales esto se puede extender por varios meses.

"El funcionario ni siquiera sabía de la tutela laboral. Se inventaba una acción judicial de tipo tutela laboral a nombre de un funcionario supuestamente vulnerado, lo que era falsa dicha vulneración, ante un tribunal competente y luego aprovechando su condición de funcionario de este servicio y en representación del mismo, llegaban a un acuerdo de forma rápida", indicó el Dr. Grisolía.

En el caso detectado por la dirección del lugar, el monto de la indemnización superó los 13 millones de pesos.

Posteriormente, y cuando el dinero era depositado en la cuenta del trabajador suplantado, venía el siguiente paso.

"Engañando al funcionario, el abogado conseguía los datos bancarios para que la transferencia se produzca a su nombre", agregó la autoridad.

Fuentes al interior del SSA; indicaron que a fines de la semana pasada recibieron la denuncia de la funcionaria afectada, y ante la gravedad de los hechos, la autoridad sectorial recabó antecedentes que puso a disposición de la fiscalía, el CDE y la CRR. Por el momento, no se descartan que existan otras causas similares en años anteriores o más funcionarios involucrados en el esquema.

Además, el SSA instruyó auditorías y sumarios administrativos para profundizar en los antecedentes y esclarecer la responsabilidad en estas irregularidades.