El diputado Joaquín Lavín León renunció ayer a la Unión Demócrata Independiente (UDI) en medio la investigación que enfrenta por presunta emisión de boletas ideológicamente falsas, que a su vez se enmarcan en el caso de su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien es acusada de ilícitos reiterados de fraude al Fisco durante su administración (2016-2021).

Tras enfrentar el martes el allanamiento a su oficina al interior del Congreso Nacional y su domicilio particular, y pese a que asegura no haber cometido "ningún delito", la UDI confirmó que el diputado abandonó su militancia.

"Como directiva y partido esperamos que la investigación se realice con la mayor objetividad y celeridad posible, a objeto de esclarecer con total veracidad y rapidez los hechos", informaron desde la tienda en un comunicado de prensa.

La decisión fue abordada por el diputado y jefe de bancada UDI, Gustavo Benavente, quien afirmó que, aunque Lavín León "está siendo investigado por la justicia, necesitábamos igual algunos antecedentes más".

"Queríamos conversar con Joaquín Lavín. Algo conversamos, pero él nos comunicó que adoptó la renuncia hoy en la mañana ante el Servel. Nos contó que estaba bastante golpeado y cansado", expuso el parlamentario gremialista tras conocerse la renuncia de su compañero de bancada.

Acusaciones

Dentro de las imputaciones contra Lavín figura también el haber ejercido como una especie de "alcalde en las sombras" durante el mandato de su esposa, con injerencia y poder de decisión respecto de cargos y despidos en el municipio cuando era liderado por su esposa, quien actualmente cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

El legislador afirmó tras los allanamientos que "aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue todo de manera rápida".

Además reiteró que "siempre hemos estado disponibles a colaborar" en las indagaciones; "proceso que la verdad ha sido muy largo, ya llevamos más de tres años de investigación", indicó.

Pese a ello el mismo día de las diligencias el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que "no están los tiempos para defensas corporativas" y añadió que "si es que aquí hay algún tipo de irregularidad, dependiendo de la gravedad del asunto, se van a tomar medidas", lo que no alcanzó a ocurrir.

Y en referencia a este mismo tema, desde Renovación Nacional ayer Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad, aseguró en radio Cooperativa que "este caso nos revela un ámbito en el cual realmente la modernización y reforma del Estado es urgente: las municipalidades, donde tenemos verdaderos colchones de contrataciones que no están bien justificadas".

"Una cosa es que los alcaldes asuman con personas de su confianza en ciertos cargos directivos, y eso es totalmente comprensible y además necesario. Otra cosa es cuando existe el uso de las municipalidades como refugio para dar empleo a un montón de gente que no corresponde", añadió el exdiputado.

Además planteó que "si es efectivo que Joaquín Lavín -cosa que a mí no me consta no estoy suscribiendo- decidía a quién despedir, amerita que revisemos todo esto del empleo público en la municipalidad y también en otros organismos del Estado.

Un día después que el 82% de los 27.212 profesores jubilados aprobaron la propuesta del Gobierno, el Ministerio de Educación se reunió ayer con los dirigentes del Magisterio y beneficiados con el compromiso, quienes pidieron al Congreso una rápida tramitación del proyecto de ley que concretará el pago de 4,5 millones de pesos en entre dos y seis a pagarse hasta 2031, lo que tendrá un costo fiscal de casi 280 mil millones de pesos.

"Este es un día que no esperábamos, lo veíamos tan lejano, la verdad es que nos emociona, porque era algo que esperábamos, pero nunca pensamos que se iba a hacer realidad. Estamos muy felices", dijo en la reunión la profesora normalista Patricia Garzo Norambuena.

La docente era una de las maestras que protestó cada jueves en los últimos 18 años en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, exigiendo el dinero que perdieron cuando en 1981 el régimen militar municipalizó la educación.

Según los cálculos del Mineduc, el pago lo recibirán 57.560 profesores, poco más de la mitad de los que votaron en la consulta digital nacional que se realizó entre el lunes y el martes.

El presidente de Magisterio, Mario Aguilar, admitió que le parecía que el monto ofrecido era "modesto", dado los millones que perdieron por los 44 años que han transcurrido desde que se tomó la medida, pero celebró la manifestación que hicieron los beneficiados.

"Hubo una muy buena participación, a pesar de que muchos no se manejaban con la tecnología", afirmó el dirigente.

Proyecto de ley

El Gobierno ahora deberá presentar un proyecto de ley que espera enviar a la brevedad. La propuesta es que se pague en dos cuotas desde octubre de 2025 a los mayores de 81 años, para ir extendiendo las cuotas hasta a seis a los menores de 71.

"Ojalá tenga trámite rápido y ojalá unanimidad. ¡Qué lindo gesto sería para el país y para nuestra buena convivencia que este proyecto tuviera aprobación unánime! Sería una señal valiosa y habrá sido nuestro profesorado jubilado el que logre la unidad y la sensibilidad de las bancadas", agregó Aguilar.

El ministro Nicolás Cataldo coincidió: "Espero que la discusión en el Parlamento se dé de manera expedita, sin grandes trabas. Vamos a buscar la mayor celeridad posible para enviar pronto el proyecto de ley. Estamos demasiado cerca de llegar a la meta".

Cataldo indicó que el proyecto incluirá un informe financiero para aclarar de dónde provendrán los recursos. Sin embargo, aseguró que desde 2022 la Dirección de Presupuestos ha hecho reservas.

La propuesta es que las cuotas sean reajustables anualmente y heredables en caso de fallecimiento del profesor jubilado que lo esté recibiendo.

Funcionarios del OS-9 de Carabineros allanaron la tarde de ayer las dependencias del Instituto Nacional Barrios Arana (INBA), en la comuna de Santiago, buscando antecedentes relacionados con la investigación por el incendio ocurrido la semana pasada en el liceo, que dejó a 35 estudiantes quemados.

Los uniformados incautaron documentos vinculados a los protocolos y las normativas internas, las que habrían sido pasadas a llevar durante la jornada del miércoles, cuando decenas de estudiantes estaban en el baño junto a material acelerante usado para elaborar artefactos incendiarios.

La diligencia se efectuó tras recibir los peritajes químicos realizados por especialistas del Laboratorio de Carabineros.

El trabajo habría confirmado la presencia de una gran cantidad de bencina acopiada al interior de las dependencias el miércoles pasado, cuando jóvenes ataviados con overoles manipulaban el material combustible.

El MInisterio Público investiga también la responsabilidad de adultos y el alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes, dijo que espera que los implicados sean recluidos.

Ayer también, el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), Pedro Díaz, dijo que la violencia no está ajena a sus establecimientos y llamó a la sociedad a responsabilizarse.