Los resultados del estudio desarrollado por Cicitem, que encontró metales pesados en las viviendas de Sierra Gorda y Baquedano, van generando progresivamente más reacciones de las autoridades locales y regionales. No es para menos, considerando que el informe - que fue realizado en octubre del 2023 pero recién este año vio la luz- refleja la presencia de ocho elementos como arsénico, plomo, cobre, entre otros, en techos, ventanas y patios de casas de dichas localidades.

Con lo anterior también hay que considerar que la localidad de Sierra Gorda se encuentra rodeada de tres poderosas faenas mineras: Spence | BHP, Sierra Gorda SCM y Centinela.

La alcaldesa electa de la comuna, Adriana Rivera, dijo a este Diario durante esta semana que, "una vez determinada fuente contaminante, hay que acercarse a mitigarlo. Y si son las mineras, habrá que tomar medidas de control".

Ahora, la diputada Yovana Ahumada (PSC) solicitó una sesión especial de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, con el objetivo de abordar la grave contaminación en Sierra Gorda. "La situación es insostenible, y el silencio de las autoridades es inaceptable", acusó esta semana. "No podemos seguir permitiendo que los habitantes de Sierra Gorda y Baquedano sigan expuestos a estos niveles de contaminación, sin que haya una respuesta efectiva por parte del gobierno", agregó.

Consultada, la parlamentaria Ahumada ahonda que la sesión especial reunirá a las autoridades pertinentes, tanto locales como nacionales, para ver las acciones que se han tomado o se podrían tomar. Por otra parte, la congresista menciona que una estrategia que se podría ejecutar es exigir el cumplimiento de normativas, lo que implicaría fiscalizar, "por ejemplo, a las empresas mineras, para ver si están actuando de manera correcta con el encarpado o encapsulación, filtros que estén en los hornos, o en las dependencias que sean necesarias para poder evitar, de acuerdo a la norma, los niveles de contaminación que son aceptados y que son de responsabilidad de las empresas mineras".

"Eso es algo que se debe hacer de manera fuerte, porque cuando se le entrega la autorización a una empresa minera para poder desarrollarse, también se le exigen normas, sobre todo cuando están cercanas a comunidades", reitera.

Leyes y el rol de nuevas autoridades

La preocupación trasciende en el resto de los congresistas regionales. La diputada Catalina Pérez (FA) plantea que "no resulta ninguna novedad la contaminación que permanentemente hemos denunciado existe en nuestras comunas históricamente sacrificadas".

Según afirma, "hace años que venimos proponiendo la existencia de una ley de polimetales que nos permita generar procesos de intervención para mitigar la presencia de metales pesados, además de medidas reparatorias para las personas que habitan esos lugares. Ningún gobierno ha tenido la voluntad de hacerse cargo seriamente de lo que ocurre en el norte del país".

El diputado José Miguel Castro (RN), dice que la región "tiene contaminación de base", pero añade que "también hay actores que influyen" en esta situación. Por esto, comenta, "no nos podemos simplemente quedar tranquilos con la idea de que estamos contaminados, sino que hay que actuar".

El parlamentario pone sus fichas en la nueva jefa comunal: "Estoy confiado en que la alcaldesa va a poder negociar bien, por ejemplo, con las empresas que pudieran tener alguna clase de responsabilidad, o también pudiesen ayudar a la comunidad de manera de bajar este nivel de contaminación". Junto con esto, Castro argumenta que "es importante que el Ministerio de Salud se haga presente en nuestras zonas que son muy contaminadas y tenga planes de prevención. Creo que esas son las medidas urgentes que hay que tratar y estoy seguro de que la alcaldesa Rivera, cuando asuma, va a tomar cartas en el asunto".

Por su parte, el diputado Sebastián Videla (ind. - P. Liberal) califica de "gravísimo" el informe, y coincide en el rol que jugarán las nuevas autoridades electas. Y recalca: "Basta de comunas de sacrificio. Pareciera que muchas autoridades prefieren callar y no enfrentar una situación grave. Acá el mundo minero debe entender que debe convivir con ciudadanos y muchas veces afectan la calidad de vida. Por lo tanto, si ellos quieren operar, deben hacerlo con el respeto irrestricto al cuidado del medio ambiente".

Oficio

Mientras, el senador Esteban Velásquez (FREVS) comenta que "hemos oficiado a los ministerios de Salud y Medio Ambiente, además de la Superintendencia de Medio Ambiente, para un pronunciamiento y medidas necesarias como otros estudios, y declarar ciertas emergencias en estas localidades".

El senador complementa que la región requiere un "permanente monitoreo y atención", dado al tipo de industria que opera en la zona, "cuestión que no siempre ocurre".