Hace años, cuando empezábamos a soñar con el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), teníamos una misión clara: que Antofagasta fuera el corazón de la investigación y el desarrollo tecnológico en minería y energía para el país. Desde el principio, impulsé esta visión y le pedí personalmente al ex Presidente Sebastián Piñera que este proyecto se quedara en nuestra región y no en Santiago. Antofagasta merecía ser más que una ciudad proveedora de recursos; queríamos que fuera una incubadora de innovación y conocimiento, y el ITL era la apuesta perfecta para lograrlo.

Hoy, sin embargo, nos encontramos en un nuevo estado de incertidumbre, luego del dictamen de la Contraloría que cuestiona la adjudicación del ITL y retrotrae el proceso a su inicio. El camino que inició Corporación de Fomento, CORFO, en 2019 para establecer este centro de innovación hoy enfrenta otro obstáculo que amenaza con alejarnos aún más de ese sueño de desarrollo regional.

La decisión de la Contraloría General de la República, que cuestiona la transparencia y la libre competencia del proceso, no solo representa un retroceso en lo administrativo; también es un golpe a los miles de antofagastinos que ven cómo los proyectos en nuestra región siguen estancándose o desviándose hacia la capital.

¿Por qué es tan difícil que Antofagasta sea vista como algo más que una región de recursos naturales? ¿Por qué, cuando tenemos una oportunidad única para liderar en tecnologías limpias y energías renovables, nos vemos frenados por conflictos administrativos que parecen interminables?

La incertidumbre que este fallo genera afecta a nuestros trabajadores, investigadores y jóvenes que veían en el ITL una posibilidad real de crecimiento y empleo. Además, con la crisis climática en auge, el país necesita urgentemente soluciones innovadoras en tecnología y energía limpia, y el ITL debía liderar esa transformación.

Sin embargo, cada retraso, cada disputa y cada paso en falso no solo impacta a Antofagasta, sino también al futuro energético y tecnológico de todo Chile.

Es hora de que se tomen decisiones firmes para que Antofagasta sea respetada y apoyada en su rol de líder en tecnologías limpias. Como senadora por esta región, no descansaré hasta que este proyecto se concrete aquí, en el lugar donde siempre debió estar, sin importar los intereses centralistas que han intentado arrebatarle esta oportunidad.

La sobrepoblación carcelaria ha transformado el sistema penitenciario chileno en un verdadero polvorín, y no es difícil imaginar las consecuencias de esta crisis latente. Según los últimos datos, las cárceles del país, que deberían albergar a 42 mil personas, ya cuentan con cerca de 60 mil internos, un incremento que no solo compromete la seguridad de los internos, sino también la de los funcionarios de Gendarmería que deben operar en condiciones extremadamente complejas y riesgosas.

En regiones como Antofagasta, la situación es aún más alarmante. Penales como el Centro de Detención Preventiva de Taltal operan al 416% de su capacidad. La saturación de estos recintos no solo agudiza la precariedad de las condiciones de vida dentro de las cárceles, sino que también limita el proceso de rehabilitación y reinserción, un objetivo que queda cada vez más lejano en un contexto de hacinamiento y violencia estructural.

Además del déficit de infraestructura carcelaria, el fuerte aumento de la población penal extranjera ha contribuido a elevar la presión sobre el sistema. La macrozona norte concentra la mayor proporción de reclusos extranjeros, alcanzando el 38% en la región de Antofagasta.

La crisis penitenciaria es un llamado a la acción. No podemos esperar que este escenario se agrave hasta el punto de ser incontrolable. Chile necesita repensar su enfoque hacia el sistema penitenciario desde una perspectiva que integre no solo la construcción de infraestructura, sino también la cooperación internacional para acceder a información esencial sobre los reclusos extranjeros y así garantizar la seguridad tanto de internos como de funcionarios.