El Gobierno de Javier Milei anunció ayer el despido de 15 empleados de Intercargo, empresa estatal que presta servicios de rampa en los aeropuertos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, a raíz de la protesta sindical del miércoles que dejó a unos 2 mil pasajeros varados dentro de los aviones sin poder descender durante horas, y que el portavoz presidencial, Manuel Adorni, calificó como un ejemplo de "terrorismo sindical" acusando al gremio de "poner en jaque el sistema aerocomercial" del país.

"Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo. En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión", afirmó ayer el ministro de Economía argentino, Luis Caputo en sus redes sociales.

Según un comunicado de la Secretaría de Transporte, 12 choferes, dos supervisores y un coordinador de buses, que incumplieron con sus deberes de traslado de pasajeros en 10 vuelos de cabotaje, fueron despedidos por "incumplir con sus obligaciones".

Las personas varadas dentro de las aeronaves fueron transportadas hasta el aeropuerto por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

"rehenes"

Por pedido del titular de Transporte, Franco Mogetta, la compañía Intercargo denunció penalmente a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) por "privación ilegítima de la libertad" de los pasajeros retenidos, agregó el texto de la Secretaría.

La interrupción de los servicios de rampa sucedió durante una asamblea sorpresiva de los trabajadores, representados por APA, ante el "despido arbitrario y sin causa de un empleado del Aeroparque Jorge Newbery" de la capital argentina, indicó el gremio en un documento.

"Las asambleas, que constituyeron un paro encubierto, no sólo produjeron demoras en el descenso de pasajeros, sino también cancelaciones, derivaciones a (el Aeropuerto Internacional de) Ezeiza y demoras en los vuelos y en la entrega de equipaje", detalló Transporte.

Tras los episodios del miércoles, el Ministerio de Seguridad argentino denunció a personal de Intercargo y a APA por "por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo".

"El Gobierno va a ir a la Justicia por abandono y secuestro de personas, intimidación pública y bloqueo. El que las hace, las paga", advirtió el miércoles al prensa el portaoz presidencial, Manuel Adorni.

Según Adorni, los pasajeros quedaron "secuestrados" dentro de diez aviones de las líneas aéreas JetSmart y Flybondi.

Para el vocero, los pasajeros fueron tomados como "rehenes", "con ataques de pánico y descompuestos" y hubo "familias que estuvieron encerradas durante horas por culpa del delirio terrorista sindical".

Ante esta situación, el Gobierno ordenó la actuación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para "rescatar" a los pasajeros, con el apoyo de la Gendarmería y la Prefectura.

El sector aéreo mantiene desde agosto pasado un conflicto gremial con el Ejecutivo de Milei debido a demandas salariales, que las autoridades han respondido con desregulaciones y con la intención de privatizar la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.

Alemania se ha sumergido en un periodo de incertidumbre política y económica tras quedar ayer sellado formalmente el fin de la coalición de Gobierno, cuyo líder, el canciller Olaf Scholz, se resiste a adelantar el voto de confianza para la convocatoria inmediata de comicios como piden la oposición y las empresas ante la inestabilidad interna y las tensiones geopolíticas.

El líder del principal partido de la oposición, la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, pidió ayer a Scholz, en una reunión sin resultados concretos, que no espere al 15 de enero para someterse a la cuestión de confianza en la Cámara Baja, sino que haga esa pregunta a los diputados "a más tardar a principios de la próxima semana".

Con el calendario previsto por Scholz, que sabe que perderá el voto, las elecciones anticipadas se harán a fines de marzo.

Merz, favorito en las encuestas para suceder al socialdemócrata en unas elecciones generales, aludió a toda una serie de compromisos internacionales y decisiones en la Unión Europea que "requieren ahora de un Gobierno alemán capaz de actuar".

"No podemos permitirnos ahora tener durante varios meses un Ejecutivo sin mayoría (de verdes y socialdemócratas) en Alemania y luego llevar a cabo una campaña electoral durante varios meses más", añadió.

También la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el partido populista de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) y la izquierdista Die Linke exigieron a Scholz que se someta ya al voto de confianza, al igual que varias asociaciones empresariales e industriales.

El mal estado económico de la otrora locomotora de Europa es la que ha llevado a la ruptura de la coalición. Ayer, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, despidió formalmente al ministro de Finanzas, Christian Lindner, que había exigido un cambio de rumbo de la política económica, y a otros dos ministros liberales expulsados la víspera por Scholz.

La Knéset (el Parlamento israelí) aprobó ayer un proyecto de ley que permitirá deportar a Gaza a familiares de los autores de ataques "terroristas", término que en Israel se usa indistintamente para referirse a atentados contra civiles o a ataques a soldados israelíes, en general cometidos por árabes.

El proyecto, aprobado de madrugada por 61 votos a favor frente a 41 en contra, da autoridad al ministro del Interior para "deportar a la familia del autor del ataque si se demuestra que tenía conocimiento previo de la operación y no hizo los esfuerzos necesarios para evitarla".

El texto de la norma estipula que la deportación será por un período de siete a quince años si el autor del ataque es ciudadano de Israel y por diez a veinte si es residente de Jerusalén Este (parte de la ciudad anexionada en 1980, donde Israel gobierna, pese a que sus habitantes palestinos no tienen la ciudadanía).

La ley estipula también que los atacantes israelíes mantendrán su ciudadanía pese a ser expulsados del país.

La Policía israelí (controlada por el ministro antiárabe de Seguridad Nacional, el colono Itamar Ben Gvir) tendrá poderes para implementar la deportación, incluido el derecho a entrar en cualquier lugar y utilizar la fuerza necesaria para deportar a cualquier residente, según el texto explicativo de la norma en la web de la Knéset.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en partes reducidas de Cisjordania ocupada, advirtió de que la norma forma parte de "un intento sistemático israelí de anexionarse los territorios ocupados".

Los ataques perpetrados por árabes israelíes o palestinos, especialmente en estaciones de trenes y autobuses en territorio israelí, se han incrementado en estos últimos meses.