Estas últimas semanas se han consolidado varios cambios a nivel de municipios y gobernaciones regionales y ya nos preparamos para un 2025 que será caracterizado por las elecciones presidencial y parlamentaria.

Vale decir, serán meses marcadamente políticos, donde el país parece acercarse más a la moderación que al proceso de captura protagonizada por los extremos de izquierda y derecha.

Es muy probable que la lectura principal de lo anterior se vincule con los pobres resultados de la administración del Presidente Gabriel Boric, en cuyos tres años no parece haber mejorado sustantivamente ningún indicador, ni tampoco se han desarrollado políticas que corrijan o mejores algunos de los ítemes necesarios para recuperar el potencial extraviado del país y con ello acercarnos al desarrollo.

Un gobierno bastante improvisado, ciertamente heredero de una administración que concluyó muy mal con el estallido social y la pandemia y que solo ha ofrecido un puñado de políticas que pudiendo ser populares no son necesariamente lo mejor para Chile. Esto solo podría explicarse por el recurrente equivocado diagnóstico de cómo funcionan las cosas en la sociedad, en la empresa, en la política y en el mundo real.

Lamentablemente, el país ha hecho cosas muy poco interesantes en la última década, lo que implica que continuamos con la inercia de los 90 e inicios de 2000, lo que es insuficiente para enfrentar lo que viene.

Chile está en un punto en el que ya no puede perder más el tiempo y aunque suene majadero e iluso, se requiere un gran acuerdo que siente las bases de lo que haremos para avanzar, lo que exige voluntad y conciencia de que las cosas no se ejecutan a puro voluntarismo y diagnósticos de salón, pasillos universitarios u oficinas de gremios y lobbystas.

Aún estamos a tiempo de corregir.

La reciente afirmación del presidente ejecutivo del Consejo Minero, sobre la falta de esfuerzos para que Antofagasta se convierta en una ciudad más atractiva para vivir, arroja luces sobre un debate de largo tiempo: ¿de quién es la responsabilidad de crear espacios urbanos más habitables y deseables? Las palabras apuntan hacia las autoridades locales y las políticas públicas, insinuando que el sector minero no debería cargar con la responsabilidad del escaso atractivo de la ciudad. Sin embargo, esta postura abre varias aristas que conviene analizar con detenimiento.

En primer lugar, es cierto que la labor de diseñar políticas urbanas, mejorar la infraestructura, diversificar la economía y potenciar la calidad de vida suele recaer en las autoridades locales. La creación de entornos agradables para vivir, con buena educación, salud, vivienda, conectividad y oferta cultural, depende en gran medida de la gestión pública. Antofagasta ha sido un motor económico del país, pero la riqueza generada no siempre se traduce en mejores condiciones de vida. Aquí la pregunta es si las autoridades han sabido capitalizar el flujo de recursos -directos e indirectos- para convertirlos en mejores bienes públicos, oportunidades y condiciones que retengan a los trabajadores y sus familias, haciendo que se sientan parte de la comunidad y no meros visitantes temporales.

No obstante, resulta una simplificación deslindar a la industria minera de cualquier responsabilidad. Aunque se resalta que el grueso de los recursos se reinvierte localmente, es legítimo preguntarse cuánto de esa reinversión se orienta a proyectos que realmente eleven la calidad de vida de quienes habitan la ciudad. También, es innegable que los altos costos de vida desalientan la decisión de muchas familias mineras de establecerse de manera permanente. Además, existe una responsabilidad social corporativa que va más allá de la extracción misma o del pago de impuestos y que podría articularse con las políticas locales para potenciar el desarrollo urbano sostenible.

Finalmente, el debate sobre si Antofagasta es o no atractiva para vivir no debería reducirse a una pugna entre la industria minera y las autoridades locales. Es un tema estructural que involucra la planificación a largo plazo, la participación ciudadana y la articulación entre sector público, privado y sociedad civil. Las ciudades de Antofagasta o de Calama necesitan una visión compartida que trascienda las coyunturas económicas y los ciclos de precios internacionales. Solo así se podrá construir una identidad urbana sólida y atractiva, capaz de retener a sus habitantes y, al mismo tiempo, ser polos de atracción de talento. Si la discusión se limita a señalar a uno u otro actor, difícilmente se encontrará el camino para hacer de las ciudades el lugar que sus propios ciudadanos aspiran a habitar.

En 2001 se crea la ICMM, Consejo Internacional de Minería y Metale,s organización que agrupa a las 27 mineras más grandes e importantes a nivel mundial con el objetivo de generar políticas que estas empresas deben observar en sus lugares de operación.

En Chile existe el Consejo Minero, asociación gremial que reúne a las empresas de mayor tamaño que producen en el país, con oficinas en Apoquindo, Las Condes, por supuesto, cuya misión principal es el impulso del desarrollo competitivo y sostenible de la minería chilena.

Ambas organizaciones entienden la importancia de las relaciones que establecen estas empresas con las comunidades aledañas para el éxito de las actividades que emprenden. Tal es así que hace pocos días en el contexto de la visita de altos ejecutivos de BHP se realizó una invitación de su CEO a diversos actores de la comunidad antofagastina para intercambiar opiniones en la perspectiva de las inversiones que se realizarán en nuestra zona.

En este contexto es que resulta incomprensible la actitud mostrada por el presidente ejecutivo del Consejo, quien debería dedicarse a implementar las decisiones del Consejo como principal empleado administrativo de la institución y no dedicarse a desarrollar agenda propia en los medios de comunicación.

Estamos entonces en una situación extraña en donde las grandes empresas socias de la ICMM y el Consejo Minero hacen esfuerzos por generar un clima propicio al proceso de producción inversión que tiene lugar en nuestra zona y por otra parte su presidente ejecutivo se dedica a agredir y denostar a la principal ciudad que los acoge y que ha tenido que soportar todo tipo de externalidades negativas de sus procesos con estoica paciencia.

Las empresas mineras, a diferencia de la estatal Codelco, han hecho intentos, insuficientes aún, por generar un clima de convivencia que busca generar un espacio de acuerdos que propicie la buena marcha de los procesos que han abordado.

Así, en este contexto, el funcionario del Consejo Minero, en el lenguaje coloquial de nuestras feas calles, "está atornillando al revés", y quizás las grandes empresas deberían evaluar si este es momento para darse gustitos comunicacionales o hay que abordar la situación de manera profesional sin búsqueda de protagonismo.

No es primera vez que este funcionario ningunea a la región en una conducta natural en Apoquindo, Las Condes, pero que en Antofagasta genera el más fuerte de los rechazos. Si la gran minería desea avanzar en sus propósitos que evalúe bien los pasos que dan y las cuñas que este señor va sembrando como verdaderas bombas de tiempo, que solo complican el largo y arduo camino de la convivencia.

Si se le permite seguir en esta lógica, luego dirá que los antofagastinos queremos tener los índices de cáncer que sufrimos. En el fondo somos, para él en realidad, una comunidad de masoquistas que vivimos acá porque nos gusta sufrir.