"Los antecedentes a esta fecha eran los suficientes para hacer una solicitud de desafuero"
CASO CONVENIOS. El fiscal regional Castro Bekios evitó detallar pruebas en contra de diputada Pérez, luego que el ente persecutor pidiera su desafuero.
Si a esta fecha en 2023 se hablaba del arresto de los primeros imputados en el "Caso Convenios", ahora la Fiscalía estrechó el cerco para sumar formalmente a la causa uno de los nombres con más peso político y que los ojos observaban con atención por su estrecha cercanía con los detenidos: la diputada Catalina Pérez.
Y es que la parlamentaria cuenta con vínculos fuertes con los principales acusados en este caso. Era pareja de Daniel Andrade, el representante de Democracia Viva. Carlos Contreras fue su asesor durante el primer periodo en la Cámara de Diputados, mientras que la exconcejala Paz Fuica formaba parte de su círculo de hierro.
Ayer, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, subrayó: "Los antecedentes a esta fecha eran los suficientes para hacer una solicitud de desafuero".
En ese sentido, el persecutor sostuvo que el Ministerio Público, tanto en esta causa como en cualquier otra, tomará la decisión de pedir intervención de los tribunales "en los momentos en que se encuentren los antecedentes necesarios, sean serios y suficientes para hacer las solicitudes pertinentes".
"No vamos a entrar a especificar cuál de los antecedentes nos sirvió para tomar la determinación, porque aquí hay una investigación compleja, muy vasta. De manera tal que esos antecedentes son los que están en la presentación que se hace ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, quien tiene que conocer y resolver la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público", aseguró el fiscal regional.
Por lo pronto, el fiscal Castro Bekios desistió en abordar una posible petición de prisión preventiva en contra de la diputada Pérez, al recién encontrarse ingresada la solicitud de desafuero. "La evaluación de las posibles medidas cautelares es una cuestión que se dará en su oportunidad. No olvidemos que el desafuero tiene una tramitación que tiene que cumplirse".
A mediados de noviembre de este año, La Segunda publicó transcripciones de una conversación entre Pérez y Andrade, que estaban en un informe de la PDI. En las interacciones, el exrepresentante de Democracia Viva le dice a la parlamentaria que "parece que pueden salir las lucas", luego de una conversación con Carlos Contreras, en ese entonces seremi de Vivienda.
Desde la Corte de Apelaciones se informó que el día lunes se resolverá la admisibilidad de la solicitud.
Los plazos
Tal como dijo Castro Bekios, la solicitud de desafuero tiene diversos pasos antes de que la corte lo revisa y decida. Gustavo Balmaceda, abogado penalista y académico de la U. Finis Terrae, explica que ahora el tribunal deberá notificar a la diputada y al Congreso sobre esta petición hecha por el Ministerio Público.
Luego, viene la audiencia, "donde tanto la defensa de la diputada como el Ministerio Público pueden presentar sus argumentos. En esta instancia, se discuten los méritos de la solicitud y se evalúan los indicios de delito que justifiquen el desafuero", comenta el académico.
Ahora, el tiempo que podría tomar esto depende de distintas variables. Balmaceda argumenta que "no hay un tiempo fijo, ya que depende de la complejidad del caso, la carga de trabajo de la corte y la disposición de las partes. Sin embargo, en casos recientes, como el de la diputada María Luisa Cordero, el proceso desde la solicitud hasta la resolución de la Corte Suprema tomó varios meses, aunque la Corte de Apelaciones puede resolver más rápidamente".
Mientras, Marcos Contreras, abogado y académico de la U. de Santiago, fundamenta que estas solicitudes son rápidas. "En una cuestión de semanas debería estar siendo conocido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Cualquiera que sea la decisión, añade, "es apelable ante la Corte Suprema, que también debería ser bastante rápido".
"Si la Corte de Apelaciones rechaza la solicitud de desafuero, la parte interesada, en este caso el Ministerio Público, puede interponer un recurso de apelación ante la Corte Suprema. Este recurso debe basarse en vicios de procedimiento o en la interpretación errónea de la ley aplicada por la Corte de Apelaciones", complementa el académico de la U. Finis Terrae.
Para aprobarse el desafuero, se requiere al menos que dos tercios de los integrantes del pleno voten a favor. "Si se aprueba el desafuero, la Corte de Apelaciones comunica la decisión al Congreso Nacional para que se proceda a la suspensión de las inmunidades de la parlamentaria", detalla Balmaceda, un trámite que puede tomar varios días o semanas, dependiendo de la agenda legislativa. Y agrega: "Solo después del desafuero, la diputada puede ser formalmente imputada y sometida a medidas cautelares o proceso penal".
Con todo, Balmaceda señala: "Cada caso tiene sus particularidades, por lo que los tiempos y procedimientos pueden variar".
De todo darse a favor de la Fiscalía, el abogado Marcos Contreras precisa que en ese momento se podrá "formalizar (a la diputada Pérez), en una audiencia de formalización, en la cual se pueden solicitar medidas cautelares personales", para luego "fijar un plazo para la investigación. Después eventualmente se acusa y se lleva a juicio oral".