La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, anunció el fin de semana que "tenemos un compromiso por ingresar (en marzo) el inversor estatal que no fue materia del acuerdo" con la oposición: esto abrió nuevos cuestionamientos ayer en que, al cierre de esta edición, se discutía el proyecto de reforma previsional hasta total despacho en la comisión de Trabajo del Senado, para hoy comenzar el debate en la comisión de Hacienda. El Gobierno, además, señaló que usará potestad presidencial de citar al Congreso si se necesita tiempo, con el objetivo de despachar la iniciativa este mes, antes del receso legislativo.

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, señaló en Radio Duna que "el Gobierno en esto ha sido muy transparente. Hace mucho tiempo se ha planteado la posibilidad y la necesidad que exista un inversor público, y eso he explicado, pero no forma parte del acuerdo, pero el que no forme parte del acuerdo no significa que un actor no pueda proponerlo y por eso el Gobierno ha señalado que tenía voluntad de hacer esa matriz".

Sobre anunciarlo al mismo tiempo que se tramita el proyecto de reforma, el ministro indicó que "es transparencia. (...) Este es un acuerdo que en el diálogo sobre el cual se ha generado siempre ha existido la posibilidad de que algún actor se salga del mismo, pero yo creo que lo que ha habido aquí es una voluntad de todos los actores de avanzar con seriedad y responsabilidad y por eso ha sido posible el acuerdo. Por eso quiero valorar la disposición de todos quienes han actuado constructivamente".

El presidente de la comisión de Trabajo, senador Juan Antonio Coloma pidió a la ministra "cuidar" las negociaciones, porque la idea del inversor estatal "no está en este proyecto, quiero ser super claro: no está. Entonces a mí me sorprende cuando uno está haciendo un esfuerzo entre todos para mejorar un sistema, se planteen temas que no están dentro del acuerdo".

"Yo creo que esto es un esfuerzo demasiado grande para generar dudas, puntos suspensivos, o algo parecido", agregó el legislador, junto con que la secretaria de Estado, a su juicio, "le está hablando a su gente, pero no deja de ser más bien una propaganda política o más bien un discurso para su núcleo duro. Obviamente genera desconfianza, no ayuda".

"obsesión con las afp"

El también miembro de la instancia, senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), dijo en Tele13 Radio que "me parece una obsesión compulsiva con la AFP, y la única persona que la tiene en esto es la ministra Jara, si nadie habla más de las AFP".

"La plata estaba cuando se quería retirar. Tienen unos problemas que cobran caro las comisiones, perfecto, las vamos a hacer competir", destacó el senador, porque "acá de lo que hay que hablar es cómo van a mejorar las pensiones".

El diputado Diego Schalper (RN) agregó que cuando Jara "pone el énfasis de que acá, pese a todo, siguen en la lógica de eliminar las AFP, que pone el énfasis en que los fondos de la PGU van a ir a los exonerados políticos (afirmación realizada el fin de semana), que dice que más temprano que tarde van a implementar un inversor público, o sea, yo encuentro que ella tiene que tratar de calmar la voraz pretensión de Luis Mesina (vocero de No+AFP) , que se declaró decepcionado y posiblemente en la interna del PC no están contentos con un proyecto que consagra el ahorro del 6% (adicional) en la cuenta individual".

El presidente de la comisión de Trabajo en la Cámara, Luis Cuello (PC), respondió que "me parece necesario que se discuta una alternativa pública en la inversión, además es una señal de que la reforma no clausura el debate de pensiones y quienes se opongan o voten en contra tendrán que dar cuenta al país de sus vínculos con las AFP. Por nuestra parte, no abandonaremos el objetivo de terminar con las AFP, que tanto daño le han hecho a los chilenos y para eso se requiere que la ciudadanía se movilice y que se construyan mayorías parlamentarias".

El diputado Héctor Ulloa (ind-PPD) añadió que "como sector me hubiese gustado que el inversor estatal esté incorporado en el acuerdo. Si la derecha tanto cree en el derecho a elegir, dejemos que la ciudadanía elija entre AFP, cooperativas, bancos o un inversor del Estado".

El fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, afirmó ayer que "el crimen de (el exteniente venezolano en Santiago) Ronald Ojeda es un delito político". El Gobierno evitó referirse al caso.

"El perfil de la víctima, un exteniente del Ejército venezolano y activista en contra del gobierno de Venezuela, es claramente político. No hubo ninguna solicitud de rescate, que es lo típico de los secuestros cometidos por grupos como el Tren de Aragua, que buscan obtener dinero a través de sus actividades criminales. En este caso, no hubo esa motivación. Lo que ocurrió con Ronald fue un sicariato, pero también una contratación del Tren de Aragua para secuestrarlo y asesinarlo", explicó el persecutor en ADN Radio.

"Lo que podemos sostener con base en la investigación es que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el gobierno venezolano", reiteró Barros, porque "Ronald no sólo era un exteniente del ejército venezolano, sino que también fue un activista político que se opuso al régimen actual. Participó en un intento de golpe de Estado y, después de eso, vino a Chile, donde continuó su lucha política", detalló Barros.

"En diciembre, justo antes de su asesinato, viajó a Venezuela para participar en un intento de organizar un nuevo golpe de Estado. La rápida ejecución del crimen, entre 24 y 72 horas después de su secuestro, y su perfil político, nos lleva a la conclusión de que este asesinato tiene un trasfondo político relacionado con su oposición al gobierno de Venezuela", concluyó .

La ministra vocera, Aysén Etcheverry, indicó que "como Gobierno no nos vamos a referir a ese punto, sino que más bien reiterar nuestra total disposición a colaborar para que el caso se esclarezca a la brevedad posible". Sobre el régimen de Nicolás Maduro agregó que "Chile no sólo no reconoce el resultado de las elecciones, sino que ha dicho de manera clara que considera que en Venezuela lo que existe es una dictadura".