Redacción

El alcalde de Ollagüe, Jhean Ramírez, dijo haber solicitado a la empresa Wealth Minerals, la que consensuó un acuerdo con la Comunidad Indígena Quechua de esa comuna, un acuerdo para la producción de litio desde el salar de esa comuna.

El acuerdo es inédito y considera la participación de los comuneros con un 5% de la propiedad del nuevo proyecto Kuska y un puesto en el directorio de la empresa que se desarrolle. El objetivo es la producción de 741.000 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE), lo que aún no está cerrado formalmente.

La idea de la empresa es avanzar sobre este acuerdo y luego con el CEOL (Contratos de Operación de Litio), que tramitará ante la autoridad.

"(Solicitamos) una reunión para que se nos informe detalladamente cuáles serán las operaciones que acordaron con la Comunidad Indígena", dijo el alcalde.

Según el jefe comunal de la fronteriza localidad, "y por información que se nos compartió tras el acuerdo del que nos enteramos por la prensa, se acordó la instalación de una oficina de la empresa dentro de un mes. Y al municipio no ha llegado solicitud de proyecto asociado a la producción de litio, ni tampoco los detalles del mismo".

El proyecto Kuska pretende desarrollarse en el Salar de Ollagüe y dentro de la proyección inicial de recursos, se calcula una producción de 741.000 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente con una ley de 175 mg/L. Además, que podrían producir 20.000 toneladas de LCE anualmente.

Impacto

El alcalde de Ollagüe dijo además que "no tenemos idea de los detalles del proyecto, y menos del impacto que podría tener en nuestra comuna. No sabemos -por ejemplo- si tendrán campamento, si estará cerca o en Ollagüe. Si habrá muchos trabajadores en las faenas, ni tampoco los detalles del acuerdo".

Ramírez dijo también "sabemos que este es un acuerdo entre la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe y la empresa, y somos respetuosos de ello; pero advertimos que las actividades mineras requerirán de servicios en el poblado, y para eso hay que estar preparados".

Jhean Ramírez dijo también sobre el acuerdo que "la empresa a través de un ejecutivo, me visitó en una reunión protocolar. Pero no se nos informó detalles del proyecto; instancia en la que solicité una reunión, y que se nos detalle el proyecto Kuska. Y eso debe ser pronto si quieren instalar operaciones dentro de la comuna".

En tanto, fuentes conocedoras del caso advirtieron que "el proyecto Kuska podría enfrentar problemas, debido a que no han sido incluidas comunidades indígenas de Ascotán, Cebollar y Kosca".

Estos problemas también "incluirían a otras empresas que operan cerca del Salar de Ollagüe, y que tienen operaciones con usos de aguas. Es un escenario que se podría dar", explicó una fuente sobre este acuerdo.

Ramírez dijo además que "se nos informó que la empresa pretende iniciar procesos de sondeo en marzo. De ser así urge una reunión de forma rápida y que nos aclaren los alcances de este proyecto en el Salar de Ollagüe".

Reacciones

Fernando Cortez, gerente general Asociación de Industriales de Antofagasta, dijo que este anuncio de acuerdo debe conocerse con más profundidad y, seguir su evolución para ver si este anuncio se transforma finalmente en una empresa y producción efectiva.

"En todo caso no parece un modelo replicable para cualquier situación empresarial. Esto, en virtud que los principales aportes de las empresas al país, regiones y comunas están regulados por la ley, principalmente por la legislación tributaria (renta, royalty, otros) y cuyo destino está en manos de la institucionalidad democrática respectiva. Complementariamente están los compromisos voluntarios de las empresas como aportes voluntarios para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades cercanas a las operaciones y, por lo mismo, en proporción a la población de las comunidades", explicó.

Daniel Guevara, abogado experto en estas materias y expresidente del 1 Tribunal Ambiental, precisó que en su opinión, "este concepto de asociatividad es la nueva manera de hacer las cosas teniendo presente los altos desafíos socio ambientales que establece el Convenio 169 de la OIT vigente en Chile, en cuanto hace exigible una participación equitativa en los beneficios, en favor de los pueblos originarios cuando hay comprometidos recursos naturales de titularidad o tutelados por el Estado de Chile".

"Esto se opone a la cultura centralizada y extractivista donde todavía muchas empresas chilenas y/o en asociación con empresas internacionales en el área del cobre siguen con la lógica que las concesiones Mineras o permisos estatales son suficientes para validar sus proyectos, y a lo sumo consideran a las comunidades originarias como stake holders y no en la participación equitativa", apuntó.

Este medio consultó también la opinión de la seremi de Minería, la que declinó efectuar comentarios.

La Municipalidad de Calama obtuvo la aprobación del proyecto para la construcción de nueve nuevos parques en distintos sectores de la ciudad. La iniciativa fue presentada ante el Consejo Regional y el Gobernador Regional, logrando la asignación de recursos por un monto de nueve mil millones de pesos.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de Calama mediante la creación de áreas de recreación y esparcimiento. Además, contó con la participación de la comunidad en su planificación para asegurar que los espacios respondan a sus necesidades.

Tras la aprobación de los recursos, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, destacó la relevancia de esta iniciativa para la ciudad. "Es la primera vez que en Calama se aprueba un proyecto de estas características en áreas verdes, con una inversión de 9 mil millones de pesos. Agradezco a Ricardo Díaz, Gobernador Regional, y al equipo del Consejo Regional por su apoyo en la aprobación de estos recursos".

El proyecto contempla la instalación de áreas verdes, iluminación moderna, accesibilidad universal, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, sombreaderos y mobiliario urbano en cada uno de los parques. La intervención busca revitalizar terrenos que actualmente están en desuso, convirtiéndolos en espacios seguros y funcionales para la comunidad, destacó Matías Díaz, director de Secplac.