En los últimos seis años, en Chile han aumentado al doble los accidentes causados por conducir sin poner atención a las condiciones de tránsito, siendo el celular el mayor elemento de distracción. Es frecuente ver a conductores que van más preocupados de marcar números, de hablar e incluso enviar mensajes, que de poner atención a la vía. Paralelamente, en ese periodo se han registrado cerca de quince mil muertos a causa de la conducción no atenta a las condiciones de circulación.

El 12 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial la modificación a la Ley de Tránsito que castiga con mayor severidad las conductas al volante relacionadas a la manipulación de celulares y de otros dispositivos móviles que no son originales del vehículo. La normativa llamada Ley No Chat, entró en plena vigencia en 2022 y aumentó las penas para quienes van mirando su teléfono mientras manejan. Se pasó a calificar esta acción como una infracción gravísima, equiparándola a no respetar una luz roja del semáforo o un disco Pare.

El Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes ha señalado que estas cifras son preocupantes y se debe abordar el tema con urgencia, ya que reflejan que la conducta de manejar sin estar atento está muy generalizada. Asimismo, ha llamado a avanzar en la fiscalización de los conductores a través de la tecnología.

En 2023, el Congreso despachó a ley el proyecto que creó el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones para fiscalizar vulneraciones a la ley de tránsito de forma rápida usando cámaras y dispositivos automatizados, pero aún no se ha puesto en funciones en todo el país.

El uso de cámaras viales ayudaría a atender esta conducta muy prevalente, fiscalización que ya ha tenido buenos resultados en países de Europa y Norteamérica.

Según datos extraídos del último informe 2024 del centro de estudios Barómetro de Las Américas - LAPOP, en nuestro país "un 79% de los chilenos cree que existe corrupción en funcionarios públicos".

Por otro lado, desde la entrada en vigencia de la Ley para la Transparencia, hace ya 15 años, desde el Consejo se han percatado de algunos hallazgos como "una deficiente cultura organizacional en torno a la importancia del principio de transparencia pública, negligencia, falta de prolijidad al dar cumplimiento a las obligaciones de la ley, falta de procedimientos, deficiente coordinación entre las unidades internas, escasa gestión documental, ineficaz control jerárquico sobre el cumplimiento de las obligaciones de la ley de Transparencia, el personal encargado de transparencia en general que no tiene un perfil adecuado para el cargo".

Hay que señalar que, los deberes de transparencia constituyen el arma principal para combatir la corrupción en cualquier sector de la sociedad en el que exista un interés de los ciudadanos por conocer la forma en que se ejerce el poder público, o en el que sus intereses particulares puedan ser afectados por decisiones de terceros. La obligación de declarar los intereses y el patrimonio, así como las incompatibilidades y motivos de abstención debiera recaer en todos los funcionarios públicos, y ser acompañada de su rigurosa fiscalización y la aplicación de sanciones efectivas en caso de incumplimiento.

Del mismo modo, debiera repensarse, entre otras posibles reformas, la designación de las altas autoridades por órganos no políticos sino por técnicos, incluso con participación ciudadana, como sucede en legislaciones comparadas y buscar mecanismos eficientes para una mejor fiscalización en el empleo de los recursos públicos en instituciones con "opacidad relativa" (como lo son Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, pero también en gobiernos regionales, municipalidades, corporaciones municipales, entre otras).

Por lo anterior, mi propuesta de levantar un Departamento Anticorrupción adentro del Gobierno regional de Antofagasta, a los que a muchos no les parece, creyendo que es un ataque a su gestión en administración pública.

Busca desarrollar mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción, promoviendo la ética y la integridad en el sector público. Para lo cual considera revisar y actualizar las normas y procedimientos internos para garantizar que estén alineados con las mejores prácticas de anticorrupción y que se apliquen rigurosamente. Considera favorecer la creación de plataformas digitales que faciliten la participación ciudadana, como encuestas en línea, aplicaciones para reportar problemas y plataforma de discusión sobre temas trascendentales para nuestra región. Además de implementar un sistema de software de gestión integrada, que facilite la gestión y almacenamiento seguro de documentos y datos relevantes, velando que toda la información contenida esté accesible para los usuarios autorizados y disponible para auditorías. Con controles estrictos sobre quién tiene acceso a qué información, con permisos diferenciados para proteger datos sensibles.

Y paralelamente fortalecer la Unidad de Control que reporte según la ley de fortalecimientos de los Gobiernos Regionales, enfocada a la supervisión y fiscalización de inversiones o actividades, para evitar posibles irregularidades. Además de ser aliados estratégicos de los consejeros Regionales en la labor de fiscalización y alerta temprana de las irregularidades.