Sostenida alza en delitos de porte de armas: las cifras se cuadriplicaron post pandemia
SEGURIDAD. El año pasado los casos superaron los mil en la región. Exautoridades ligadas a la prevención de delito analizan los datos y entregan medidas para enfrentar el fenómeno.
En medio de los homicidios y el aumento de crímenes violentos y bandas organizadas, otro dato demuestra un sostenido incremento en los últimos años. Se trata de los delitos asociados a armas. El 2024 hubo 1.206 casos en la Región, lo que significó un alza del 26,4% respecto al periodo anterior, según los datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (Cead), de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
En efecto, este tipo de casos ha tenido un repunte en los últimos años, luego de haber sufrido una baja. Por ejemplo, si en 2017 se anotaron 808 delitos, para 2019 hubo 603, en 2020, año de la pandemia, solo 354 (ver gráfico). No obstante, desde 2021 a la fecha se observa un incremento sostenido, de acuerdo con las cifras del Cead.
En detalle, el porte o posesión de armas o explosivos es de los tipos de delito con mayores casos en 2024, con 388, experimentando un alza frente al 2023, que solo anotó 124.
Las razones
Desde la Delegación Presidencial Regional apuntan a razones como "una mayor cantidad de denuncias por parte de la comunidad y con ello, una reacción más rápida y efectiva por parte de Carabineros. Pero también a la mayor cantidad de fiscalizaciones realizadas en la región y sus carreteras". Este punto, añaden, ha permitido "aumentar durante 2024 - en aproximadamente 68% -, la cantidad de personas detenidas por porte o posesión de armas o explosivos en relación al 2023".
"Esto confirma que la labor fiscalizadora de Carabineros está siendo efectiva en la detección de este tipo de delitos que tanto preocupan a la comunidad, y que nos ocupan como autoridades para dar mayor seguridad y tranquilidad a la región", señalan desde la DPR.
En tanto, desde la Delegación Presidencial acotaron que el 34,4% de estos delitos en el 2024 correspondieron a infracciones a ley de armas, "las que no necesariamente están relacionadas a delitos de mayor connotación social, sino que, por ejemplo, a hallazgos casuales de explosivos o municiones al interior de hogares". "A eso, se suma la labor de Carabineros y de la PDI que durante el 2024 lograron retirar 564 armas de circulación en la región. Se trata de armas incautadas y entregadas voluntariamente, correspondientes a modelos de aire comprimido, fogueo, réplicas, fantasías, hechizas o adaptadas, además de municiones asociadas", precisaron.
Más recursos
Para la exgobernadora provincial Katherine López, "el notable incremento en la tenencia de armas en los últimos años se informa principalmente a través de detenciones en flagrancia, denuncias formales y, en menor medida, investigaciones". No obstante, bajo su experiencia, afirma que "no se ha otorgado la prioridad necesaria a este último aspecto. Incorporar en las estadísticas las armas incautadas durante investigaciones revelaría cifras significativamente más altas, evidenciando que ya no enfrentamos un fenómeno aislado, sino una verdadera crisis en materia de seguridad pública".
"Actualmente, las cifras presentadas se centran en aspectos cualitativos, mostrando un aumento preocupante, pero sin reflejar la gravedad real del problema", menciona López. Y añade que "este enfoque limita la transparencia de la información hacia la ciudadanía, ya que no se detallan aspectos cruciales como el tipo de armamento involucrado en los delitos. Es fundamental destacar que muchas de estas armas son de alto calibre, artesanales o modificadas, lo que indica que la delincuencia opera fuera de los canales formales de adquisición de armas".
Por esto, comenta que, "ante esta realidad, surge una pregunta clave: ¿de dónde proviene este armamento? Es imperativo abordar esta interrogante con seriedad y contar con la participación de expertos en la materia, incluyendo profesionales tácticos e investigadores, más allá del ámbito político. Responder adecuadamente permitirá implementar acciones investigativas efectivas que conduzcan a la desarticulación de redes de tráfico y a la prevención del uso ilícito de estas armas".
Armas inventariadas
En tanto, para la exgobernadora Fabiola Rivero, un primer paso para atacar el mayor número de delitos a la ley de armas es una mayor fiscalización a las armas policiales y de las Fuerzas Armadas.
"En primer término, (hay que) desarrollar una fiscalización más rigurosa y cotidiana de FF.AA y Carabineros respecto de las armas inventariadas. Ya que se ha establecido en investigaciones que han existido personas corruptas que han sustraído de las Fuerzas de Orden y Seguridad las armas".
Otra manera, añade la exautoridad, es seguir "la ruta" de las armas que se ofrecen en armerías. También suma desarrollar un trabajo de "sensibilización ciudadana, para que, desde la infancia, se eduque para no usar armas y menos de las hechizas".
Finalmente, Rivero apunta a "investigar el porte de armas de fuego desde la lógica de la asociación ilícita y crimen conexo, eventualmente transnacional en nuestro caso como región".
Mientras, para Fabián Ossandón, expresidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Regional, "el avance de los delitos asociados a armas en nuestra región exige una respuesta contundente y sin titubeos". Según el exconsejero, "no basta con diagnósticos o declaraciones. Se requieren estrategias de control y fiscalización que golpeen con fuerza a quienes operan al margen de la ley".
"Es urgente que las policías cuenten con mayores recursos tecnológicos y que el Ministerio Público acelere la persecución penal contra quienes portan y usan armas de manera ilegal", manifiesta Ossandón. En ese sentido, el exconsejero advierte que "la región no puede seguir siendo tierra fértil para la delincuencia. Es momento de actuar con determinación y devolverle la seguridad a nuestra gente".