Sebastián Casanova Díaz

Próxima a cumplir el plazo de entrega del informe final, el 17 de este mes, la Comisión Investigadora sobre la Fundación ProCultura ha podido establecer "que se inventó un sistema para defraudar al Estado de Chile", declara el diputado independiente -bancada PPD-, Jaime Araya, integrante de esa instancia.

"En lo esencial, lo que va quedando como conclusión, después de haber escuchado a distintos invitados, es que de una u otra forma, ellos idearon un mecanismo para quedarse con fondos públicos y eso se hizo con un nivel de planificación bastante importante y evidente", agrega el parlamentario.

También dice que percibe "cierta resignación de distintas autoridades de que los fondos no se van a recuperar", a la vez que señala que casos como estos revelan la urgencia de proceder a la modernización y fortalecimiento de la Contraloría.

Autoridades incómodas

La Contraloría recordó que es obligatorio para funcionarios del Estado comparecer a las comisiones investigadoras. ¿Alcanzan a citar a alguien que no asistió?

-Todavía está en funcionamiento la comisión y probablemente va a haber una prórroga. Aún hay personas que debieran comparecer, a la luz de los antecedentes que van saliendo constantemente en medios de comunicación. Hay algunos temas que uno da por cerrados y se vuelven abrir una y otra vez, de distintas aristas. Se requiere una revisión más profunda de los antecedentes que podríamos llegar a tener. Uno de los aspectos que me parece más grave, es que percibo una cierta resignación de distintas autoridades de que los fondos no se van a recuperar. Es un tema muy delicado, que requiere una discusión sobre la necesidad de fortalecer o no las facultades que tiene la Contraloría. Nosotros no podemos seguir con una Contraloría que no tiene capacidad de fiscalizar y de sancionar.

¿Antes de este recordatorio, las autoridades y funcionarios citados fueron colaborativos o más bien reticentes?

-Creo que hay temas que quedaron asentados que tienen que ver con que las autoridades que vinieron, estaban todas incómodas con lo que había que decir. Nadie quiere venir a una comisión especial investigadora, pero es necesario, porque esta es la facultad más importante que tiene la Cámara de Diputados y desde ese punto de vista, es fundamental que todas las autoridades públicas entiendan que tienen que venir y no se pueden escudar en ninguna excusa legal para no concurrir a dar explicaciones que se solicitan.

Reserva y transparencia

En cuanto al secreto de información entre asesores del Presidente y el Congreso, ¿cómo puede impactar esto la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno?

-Creo que se requiere una modernización de nuestra legislación, porque los temas de interés público tienen que quedar, por regla general, sujetos a la ley de transparencia y normas de publicidad, pero también hay que entender que ciertos actos o conversaciones que son reservadas y que son propios de la naturaleza de la función que se cumple. ¿Cuál caso es uno y cuál es otro? Creo que es una pregunta que está abierta y que se deberá resolver desde el punto de vista normativo para que no ocurra, por ejemplo, lo que pasó con Miguel Crispi, que la primera vez que fue a la comisión especial investigadora se amparó en una norma inexistente, diciendo que la comunidad funcionaria no tenía obligación de comparecer. Una de las conclusiones de la comisión investigadora es la necesidad de legislar o resolver normativamente, vía decreto o por instructivo, una adecuada delimitación de cuáles son los temas que gozan de reserva y cuáles no.

La suspensión y eventual formalización del fiscal Carlos Palma, que investigaba los convenios de ProCultura -por violación de secreto en una arista del Caso Audios-, ¿complicó la investigación?

-No, en absoluto. Además, entiendo que el fiscal nacional ha tomado las medidas necesarias para readecuar y redistribuir el trabajo de investigación en materia de convenios de acuerdo a las necesidades del servicio.

Arista no indagada

Las transferencias directas a ProCultura generaron un incremento de 10 veces sus ingresos en 2022 respecto de 2021. ¿Qué cree que pasó con la fiscalización de los servicios del Estado que deberían haberlo advertido?

-Esto tiene que ver el origen de los fondos. Es un tema que siempre es cuestionable, porque algunos eran municipalidades, otros eran gobiernos regionales, otros eran ministerios o subsecretarías del Estado. Entonces esta triple vía de ingreso hace que los organismos de fiscalización sean distintos. Lo que es muy llamativo era el pago anticipado del 100% de una cuota y sin garantía. Eso es algo que cualquier funcionario público puede ver. Yo creo que podrá ser materia de investigación, seguramente está en la carpeta de la Fiscalía, si es que alguien reparó que, a lo menos, era imprudente anticipar esos volúmenes de plata a una fundación de esa naturaleza.

Tras los testimonios recabados en la primera comisión, ¿se pudieron establecer los supuestos vínculos entre $22 millones transferidos a Pro Cultura y campañas electorales como la del excandidato Sebastián Balbontín?

-Yo diría que eso está en manos de la Fiscalía y espero que en algún momento se pronuncie respecto de los distintos actos en ProCultura, pero los antecedentes son feos. Si efectivamente se confirma que hubo traspaso de dinero a campañas políticas, entonces estaríamos hablando de financiamiento irregular de la política a través de ProCultura, y eso es una arista que no ha sido indagada.

Gobiernos regionales

La suma mayor de transferencias en el Caso Convenios, por más de $77 mil millones, corresponde a 12 gobiernos regionales. ¿En qué pie quedan los gores cuando piden más atribuciones o recursos?

-Es una conversación abierta. Es difícil tomar decisiones en este momento respecto de nuevas atribuciones para los gobiernos regionales, porque hay que tener claridad respecto de qué es lo que pasó con el patrimonio fiscal que han repartido las distintas gobernaciones una vez que estos temas cierran. Porque la verdad de las cosas es que, si se buscan más atribuciones y más recursos, y resulta que los recursos no tenían un adecuado sistema de control y fiscalización, es difícil que se pueda avanzar en eso. Queda en entredicho el proceso de descentralización, eso es evidente. Cualquiera que lo quiera negar está tapando el sol con un dedo. Además, esto generó impactos en la ejecución de los presupuestos de los gobiernos regionales el año pasado, y fue muy estresante. Tuvieron niveles de inejecución históricos, lo que deja una lección aprendida sobre cómo se puede mejorar. En la Comisión 1 la planteamos al ministro de Hacienda que la obsesión por la ejecución del 100% del gasto para no ser castigado en el año presupuestario siguiente generaba distorsiones. Finalmente da lo mismo en que se gaste la plata con tal de gastar el 100% y no ser castigado. Por lo tanto, debiera haber un mecanismo que velara también por la calidad de ejecución del gasto.

Más de un año después de las revelaciones sobre Democracia Viva, ¿cómo espera que cambie la dinámica entre el Gobierno y las organizaciones sin fines de lucro?

- Hay organismos sin fines de lucro que no buscan hacer financiamiento de actividades que no corresponden, tampoco sacarle plata al Estado. Desde ese punto de vista hay que entender que tenemos normas, tenemos hoy día parlamentarios que están en prisión preventiva por esta causa, acusados con una solicitud de pena de 17 años. Nuestro sistema ha sido capaz de hacerse cargo de esta situación de manera dolorosa, pero con cierto nivel de eficiencia y lo que nosotros esperamos ahora es que las investigaciones avancen, junto a los juicios, instalando las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se van a recuperar los fondos públicos?

¿Qué pueden esperar los ciudadanos del informe final que están elaborando y cómo podría influir en la percepción pública sobre el manejo de recursos en el Estado?

-Espero que una de las conclusiones sea la demanda de que el gobierno se la juegue para decir con claridad que aprendió la lección y por lo tanto va a impulsar un proyecto de modernización de la Contraloría. Eso es lo central. Creo que la gran lección es que sin un organismo autónomo con las características de Contraloría que pueda hacerse cargo de estas situaciones, lo más probable es que esto se vuelva a ocurrir.

"Es muy llamativo el pago anticipado del 100% de una cuota y sin garantía", afirma Araya.