El caso de Ayquina
Si otras localidades adoptaran restricciones similares, podríamos enfrentar una fragmentación territorial y allí entramos en un terreno muy complejo. El Estado no puede delegar su responsabilidad en las comunidades. El apoyo debe ir más allá de las autoridades debe ser concreto. "La tos con flema que dura más de dos semanas es el síntoma principal de la tuberculosis".
La decisión de la Comunidad Indígena Atacameña Ayquina-Turi-Paniri de restringir el acceso nocturno a la localidad de Ayquina ha generado debate sobre la seguridad y la autonomía de las comunidades frente a la creciente delincuencia. A partir del 26 de marzo, solo los residentes podrán ingresar entre las 20:00 y las 08:00 horas, en respuesta al aumento de robos de viviendas y vehículos. La medida, si bien drástica, refleja el hartazgo de una comunidad que ha debido tomar acciones directas ante la insuficiencia del Estado para garantizar su seguridad.
El presidente de la comunidad, Wilson Berna, ha argumentado que la restricción busca proteger tanto a los habitantes de Ayquina como a quienes residen en Calama, dado que los delitos han ido en aumento. La implementación de una garita y una barrera de acceso busca evitar el ingreso de personas ajenas en horarios críticos, utilizando la propia geografía del lugar como ventaja. Es un claro ejemplo de cómo las comunidades están adoptando estrategias propias para combatir un problema estructural: la falta de seguridad pública en zonas rurales.
La declaración subraya una realidad innegable: el Estado no ha logrado garantizar la seguridad de los ciudadanos, y esto ha obligado a las comunidades a implementar soluciones propias, aunque estas puedan generar controversia.
Porque también surge la pregunta sobre el alcance de estas decisiones y su posible impacto en el acceso a espacios públicos. El cierre nocturno de Ayquina será solo un parche en una crisis mayor, en la que la ciudadanía, una vez más, se ve obligada a actuar ante la ineficacia estatal. Esa es la crisis que debe resolverse con decisión y acciones y menos palabrería.
La solución de la seguridad -desafío número uno para el Estado- no puede ser una responsabilidad delegada a las personas.