Correo
Pena de muerte
Las recientes declaraciones de Evelyn Matthei sobre reinstaurar la pena de muerte en Chile han desatado un debate profundo sobre justicia y derechos humanos. Si bien es comprensible la indignación frente a crímenes atroces, proponer la pena capital como solución es un retroceso en términos de derechos fundamentales y compromisos internacionales. Numerosos estudios han demostrado que la pena de muerte no disuade el crimen de manera efectiva y, en cambio, puede generar errores judiciales irreparables, afectando sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En lugar de optar por medidas punitivas extremas, Chile debe fortalecer su sistema de justicia y seguridad pública con estrategias eficaces. Es fundamental mejorar la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad, acelerar los procesos judiciales para evitar la impunidad y endurecer las penas dentro de un marco de respeto por los derechos humanos. Además, se debe invertir en la prevención del delito a través de educación de calidad, programas de rehabilitación y reinserción social, así como mayor control sobre el crimen organizado y el tráfico de armas.
Una sociedad más segura no se construye con ejecuciones estatales, sino con instituciones sólidas, justicia eficiente y oportunidades que alejen a las personas del delito. La política criminal no puede basarse en respuestas emocionales ni en discursos populistas, sino en soluciones reales y sostenibles. Chile tiene el desafío de fortalecer su Estado de derecho sin recurrir a medidas que sólo perpetúan el ciclo de violencia.
Rubén Álvarez
Minimizar conflictos
Donald Trump ha demostrado que una sola decisión anunciada en redes sociales puede sacudir el escenario global, afectando relaciones bilaterales y comerciales. Chile, pese a su tamaño, no es inmune a estos efectos.
Si bien China es nuestro principal socio comercial, las disputas entre potencias impactan nuestra economía. Además, aunque el cobre exportado a EE.UU. equivale al 2% del PIB, Chile es su principal proveedor, lo que nos hace vulnerables a represalias o cambios en su política.
Nuestra política exterior ha mostrado improvisación, generando fricciones con socios estratégicos. Tensiones innecesarias y decisiones descoordinadas exigen un enfoque más prudente. En un mundo volátil, Chile no puede sumar incertidumbre con errores diplomáticos evitables. Las autoridades deben evitar entrar en ese juego. Chile tiene más que perder con respuestas impulsivas. La prioridad es mantener relaciones estables y estratégicas, minimizando conflictos que dañen nuestra economía y posición internacional.
Seamos sensatos. Optemos por el pragmatismo y reduzcamos nuestra exposición a estos vaivenes globales.
Carolina Abuauad
Trabajo parlamentario
El país requiere con urgencia enfrentar con determinación materias importantes, como la economía, la seguridad, el empleo, la educación y la salud. No obstante, observar las actividades del Congreso Nacional produce decepción, con reuniones que en su mayor parte son intrascendentes, vocerías partidistas reincidentes, infaltables comisiones investigadoras que a nada conducen y cuestionadas conferencias de prensa que son incomprensibles para la mayoría. Todo ello genera disgusto y hastío en la opinión pública ante la indiferencia y despilfarro del valioso tiempo parlamentario.
Abordar mejoras al actual sistema político es ineludible, para así traer modernidad y eficiencia al trabajo parlamentario.
Joaquín Ortiz G.
Productividad laboral
La productividad laboral es un indicador vital para el desempeño económico de un país, ya que refleja la eficiencia en el uso de recursos para producir bienes y servicios. Sin embargo, Chile enfrenta un desafío significativo: su productividad ha permanecido estancada durante más de una década, según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).
Este estancamiento genera una brecha importante respecto a economías más desarrolladas, donde Chile se sitúa entre los países con menor productividad laboral en la OCDE. No obstante, el problema de fondo no reside únicamente en la falta de herramientas o sistemas de medición, sino en una cultura empresarial arraigada en el presentismo y la microgestión, donde se valora más la cantidad de horas trabajadas que la eficiencia y los resultados.
Para abordar estos desafíos, sugerimos la creación de un sistema integral para medir la productividad laboral que considere los tradicionales indicadores clave de desempeño o KPI, indicadores de eficiencia del capital humano e indicadores que den cuenta de la calidad de las decisiones de gestión.
La implementación de un sistema integral que considere los tres componentes propuestos, junto con matrices de interpretación, podría mejorar significativamente la productividad laboral de las empresas chilenas, especialmente en los sectores industriales.
Dra. Vera Voitova y Dr. Jesús Juyumaya
