El robo de cables de electricidad y de telecomunicaciones es un delito que a nivel nacional afecta a varias ciudades y zonas rurales, pero especialmente a los clientes que ven interrumpidas sus comunicaciones y el suministro de energía.

La distribuidora eléctrica CGE informó que en 2024 se registraron 744 eventos de robo de cable a lo largo de su zona de concesión, contabilizando 225 kilómetros de líneas robadas. En 2023, la compañía registró cerca de 1.200 eventos con 196 kilómetros de cable de cobre robado. Si bien se redujeron los episodios en número, hubo un aumento de 14% en la cantidad de cable sustraído y se afectó el suministro de 272 mil clientes.

Las regiones con una mayor cantidad de cable robado a CGE fueron Coquimbo (43 kilómetros), Maule (34 kilómetros), Tarapacá (29), Antofagasta (29), Atacama (18), Metropolitana (16), La Araucanía (16) y Biobío (14).

Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas.

Este es un delito que carece muchas veces de evidencia y que se comete sobre todo en sectores rurales alejados, sin presencia policial y sin cámaras. El alto precio del cobre ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables de las redes, para venderlos en el mercado negro.

Las empresas señalan que es relevante generar conciencia y fomentar la denuncia por parte de la ciudadanía. La situación es preocupante porque es un delito que ha aumentado de manera importante, sobre todo en los sectores rurales, donde muchas veces no hay testigos, por tratarse de lugares aislados.

En momentos donde el país atraviesa transformaciones profundas y los consensos parecen difíciles de alcanzar, hay señales que invitan a la esperanza. Una de ellas es la confianza que la ciudadanía deposita en las universidades. Así lo confirmó recientemente la Encuesta CEP (agosto-septiembre 2024), que ubicó a las instituciones de educación superior como las más confiables del país, con un 57% de respaldo, superando incluso a organismos fundamentales como la Policía de Investigaciones y Carabineros.

Este dato no es menor. Habla de una sociedad que, pese a la incertidumbre, sigue viendo en la educación superior un espacio de construcción colectiva, de conocimiento riguroso y de compromiso con el bien común. Las universidades públicas, particularmente, hemos asumido esa confianza como un mandato ético: estar presentes donde el país más nos necesita, ya sea en la formación de profesionales, en la investigación de frontera, o en los procesos de integración regional que nos proyectan como nación.

En este marco, la reciente invitación que nos extendiera el Presidente de la República, Gabriel Boric, para ser parte de la visita de Estado a Brasil, representa no solo un honor institucional, sino también un reconocimiento explícito al rol estratégico que cumplen las universidades del Estado en la agenda de desarrollo y cooperación internacional de Chile.

Durante la gira, se firmaron 14 acuerdos de colaboración en áreas clave como infraestructura, ciencia, cultura, gestión pública y energía. Pero más allá de la cifra, lo verdaderamente relevante es el mensaje político y cultural que subyace: que la educación, la investigación y la formación de capital humano avanzado son dimensiones esenciales para construir relaciones sólidas con países hermanos, en este caso con Brasil, la economía más grande de América del Sur y un actor fundamental para los desafíos que compartimos como región.

Como Universidad de Antofagasta, asumimos esta oportunidad con responsabilidad y convicción. Estuvimos allí para reforzar alianzas con instituciones brasileñas, proyectar programas de intercambio académico y científico, y comprometernos con la creación de nuevas carreras orientadas a responder a los desafíos del Corredor Bioceánico, una iniciativa que busca conectar al centro del continente con nuestros puertos del Pacífico, y que exige profesionales altamente capacitados en áreas como logística portuaria, oceanografía, informática aplicada y sustentabilidad.

Esta es, sin duda, una expresión de lo que hemos llamado diplomacia del conocimiento: una forma de integración basada en los flujos económicos, y al mismo tiempo la colaboración entre universidades, centros de pensamiento y redes científicas. Porque la integración verdadera no se logra solo con carreteras o tratados comerciales. Se construye en las aulas, en los laboratorios, en el respeto mutuo y en la formación de generaciones que comprendan la diversidad de América Latina como una fortaleza.

Hoy más que nunca, debemos apostar por una universidad que vincule, que descolonice miradas, que sea capaz de dialogar de tú a tú con el Estado, con el sector privado y con la ciudadanía. Una universidad que no se encierre, sino que se proyecte; que no se conforme con reproducir saberes, sino que los ponga al servicio del territorio y de las transformaciones sociales.

Por eso, reafirmamos con fuerza que las universidades públicas no solo somos centros de formación. Somos puentes. Y como tales, estamos aquí para unir realidades, derribar muros y acompañar a Chile en su camino hacia un desarrollo más justo, más equitativo y más humano.